El Tribunal Supremo Popular de Cuba vuelve a mover sus piezas. El Consejo de Estado oficializó varios cambios en la dirección y composición de la máxima instancia judicial del país, con relevos, renuncias, jubilaciones y la incorporación de tres nuevos magistrados.
Las decisiones fueron adoptadas el pasado 19 de agosto, pero no se conocieron oficialmente hasta su publicación este 16 de septiembre en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 87 de 2026. En total aparecen siete acuerdos, numerados del 631-X al 637-X.
Entre los movimientos más relevantes está la salida de Farah Maritza Saucedo Pérez de dos puestos importantes: vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular y presidenta de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales.
El acuerdo indica que fue liberada de ambas responsabilidades “por renovación”, aunque no ofrece otros detalles sobre las razones de la decisión. En la vicepresidencia del Supremo fue promovido Yomays Olivarez Gainza.
También cambia la dirección de la Sala de lo Mercantil
La reorganización alcanzó además a la Sala de lo Mercantil, encargada de asuntos relacionados con conflictos y relaciones de carácter económico y comercial.
Liliana Hernández Díaz presentó su renuncia como presidenta de esa sala y cesó también en la función judicial. Para sustituirla fue promovida Mirelys Reyes Vega, quien pasa a ocupar la presidencia de la Sala de lo Mercantil.
También fue aceptada la renuncia de Raiza López Varona al Sistema de Tribunales. Los acuerdos publicados no explican las razones de estas dos renuncias y se limitan a oficializar las decisiones.
Tres jubilaciones y tres nuevas incorporaciones
La renovación llegó igualmente a la plantilla de magistrados del Tribunal Supremo. Odalys Quintero Silverio, Isabel Inés Arredondo Suárez y Alina Bielsa Palomo cesaron por jubilación, mientras Fernando Vázquez Franco, Liliam Pérez Castillo y Lesly Vidal Álvarez fueron elegidos como nuevos magistrados de la máxima instancia judicial cubana.
Todos los acuerdos fueron firmados por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.
Los movimientos se producen menos de un año después de un cambio mucho mayor en el poder judicial cubano. En diciembre de 2025, Rubén Remigio Ferro dejó la presidencia del Tribunal Supremo Popular después de casi tres décadas en el cargo y fue sustituido por Óscar Manuel Silvera Martínez, hasta entonces ministro de Justicia.
Aquel cambio formó parte de una reorganización más amplia de altos cargos cubanos aprobada por el Consejo de Estado. Silvera terminó tomando posesión como presidente del Tribunal Supremo en febrero de 2026. Los nuevos relevos aprobados ahora fueron precisamente realizados a propuesta de la presidencia de esa institución.
Un Tribunal Supremo con peso en decisiones polémicas
Más allá de su estructura interna, el Tribunal Supremo ha tenido un papel visible en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos.
Una de las más comentadas ha sido el tratamiento penal de determinados delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional. El Dictamen 475/2025 estableció criterios para procesar como sabotaje determinados hechos contra instalaciones estratégicas, una política que ha cobrado especial importancia durante la crisis eléctrica.
En septiembre, por ejemplo, un detenido en Matanzas fue procesado por sabotaje tras el robo de aceite dieléctrico de un transformador, un delito que puede conllevar sanciones especialmente severas dependiendo de las circunstancias del caso.
Los acuerdos publicados ahora no anuncian una reforma general del sistema judicial ni explican si existe una relación entre todos los movimientos. Lo confirmado es que, desde finales de 2025, la cúpula del Tribunal Supremo cubano ha cambiado de presidente, ha renovado una de sus vicepresidencias y la dirección de una de sus salas, además de incorporar nuevos magistrados.
