Una noticia agridulce sacudió a la comunidad cubana este viernes: la anhelada solicitud de parole humanitario a favor del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido oficialmente aprobada por el gobierno de Estados Unidos. La información fue difundida a través del perfil oficial de Facebook del líder del Movimiento San Isidro tras semanas de intensas gestiones; sin embargo, la celebración es nula debido a que la integridad física del creador sigue en inminente peligro al continuar en paradero desconocido y bajo el control absoluto de la Seguridad del Estado.
El dramático comunicado emitido por su círculo más cercano enfatiza la gravedad del asunto. El texto resalta la ilegalidad de su retención detallando que «Luis debió encontrarse en libertad desde el pasado 9 de julio, al extinguirse su injusta condena de cinco años, y aún sigue en manos de la policía política, en un paradero que no podemos precisar». De igual forma, el equipo del activista prometió mantener al tanto a la opinión pública al añadir: «En cuanto tengamos alguna otra información clara sobre su posible salida de Cuba, la haremos saber por esta vía».
El calvario reciente del prisionero de conciencia comenzó el pasado 7 de julio. Ese día, efectivos de la Seguridad del Estado lo extrajeron por la fuerza de la penitenciaría de Guanajay, ubicada en Artemisa, sin mediar palabra con sus familiares ni detallar hacia qué lugar sería trasladado. A pesar de que su sentencia venció formalmente dos jornadas más tarde, el régimen se negó a regresarlo a su domicilio. La única pista sobre su estado llegó cuando la profesora y activista Anamely Ramos logró cruzar unas breves palabras con él desde un dispositivo telefónico controlado por los agentes represivos. Tras esa llamada, Ramos fue tajante al confirmar que el disidente «No está libre, no está excarcelado, está en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana».
El otorgamiento de este beneficio migratorio norteamericano subraya la cruel realidad de los disidentes en la isla. La declaración oficial publicada en sus redes explica que abandonar su tierra natal se convirtió en el último recurso de supervivencia. El mensaje puntualiza que «Desde comienzos de 2023, Luis aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él. La Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión». Este trámite se completó bajo la modalidad de parole individual humanitario a través del formulario I-131 frente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Dicho recurso es actualmente el único canal migratorio factible tras la decisión de la administración de Donald Trump de cancelar el programa colectivo CHNV en marzo de 2025.
La comunidad internacional no ha dado la espalda a esta flagrante violación de derechos humanos. A instancias de la organización Cubalex, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el pasado 12 de julio el expediente de Acción Urgente AU Núm. 2357/2026, imponiéndole a La Habana la fecha tope del 25 de julio para rendir cuentas sobre el destino del artista. Paralelamente, Amnistía Internacional —que lo cataloga como preso de conciencia desde el año 2021— exigió su liberación inmediata y sin condicionamientos, denunciando los hechos como una desaparición forzada.
Las trabas judiciales dentro de la isla también han estado a la orden del día. El 13 de julio se intentó introducir un recurso de habeas corpus a favor del activista, gestión que terminó con la detención arbitraria durante 48 horas del ciudadano que intentó presentar el documento. Este lúgubre panorama repite un guion de terror que Otero Alcántara ya vivió en julio de 2021, cuando fue secuestrado en las horas previas a los históricos sucesos del 11J, hecho que la ONU también documentó en su momento bajo el expediente AU 1208/2021.
El líder del Movimiento San Isidro se encontraba cumpliendo una sentencia impuesta en junio de 2022. La maquinaria judicial del castrismo lo encarceló por cinco años imputándole los presuntos delitos de «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos». Diferentes organismos internacionales y grupos de derechos humanos han sostenido desde el primer día que este encarcelamiento no fue más que una venganza orquestada y una represalia directa contra su constante activismo político y cultural a favor de una Cuba libre.
