En un país donde el discurso oficial es ley y las palabras están vigiladas, los inspectores de comunicación social se convierten en piezas clave para perpetuar un sistema que teme la libertad.
En otro capítulo del absurdo totalitario que caracteriza al régimen cubano, ya están acreditados los primeros inspectores de comunicación social, cuya misión será «controlar y fiscalizar» los procesos comunicativos en la isla. Según Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), estos inspectores «garantizarán» que las palabras emitidas se ajusten a los valores del socialismo, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.
La Ley de Comunicación Social, que dio vida a esta peculiar brigada, no es precisamente una oda a la libertad. En vigor desde noviembre de 2024, incluye disposiciones que penalizan la gestión de contenidos a través de medios no inscritos en un registro oficial y la prestación de consultorías sin autorización del IICS. En otras palabras, se trata de un marco legal diseñado para sofocar cualquier atisbo de autonomía comunicativa.
Es preocupante que, en lugar de avanzar hacia una sociedad más abierta y plural, el gobierno cubano continúe implementando medidas que coartan las libertades fundamentales de sus ciudadanos. La comunidad internacional debe mantenerse alerta y condenar estas acciones que atentan contra los derechos humanos y la libertad de prensa en la isla.
Los nuevos inspectores de la comunicación social en #Cuba firmaron el Código de Ética y recibieron las credenciales que los acreditan para ejercer el control y fiscalización en este tema.
— Jorge Legañoa Alonso (@cronicasdecuba) November 23, 2024
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El @IcsCuba concluyó la preparación de los primeros inspectores eventuales de la comunicación social en #Cuba. Otro paso hacia el cumplimiento de las funciones del organismo.
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El Artículo 106 de la ley otorga a los inspectores la capacidad de supervisar cada proceso comunicacional y sancionar cualquier contenido que no encaje con los lineamientos del Partido Comunista.
Entre las infracciones se incluyen la difusión de mensajes «no autorizados» y la falta de inscripción en el registro oficial. La fiscalización abarca tanto los medios tradicionales como el ciberespacio, lo que consolida el control estatal sobre cada rincón del ecosistema comunicativo.
La paradoja de esta ley es evidente: mientras el gobierno habla de fomentar la «participación popular» y un «pensamiento emancipador», sus acciones se encaminan a restringir la expresión y criminalizar cualquier voz disidente.
Lo único evidente es que estas medidas perpetúan el monopolio del Partido Comunista sobre la información y reafirman la exclusión de medios independientes, manteniéndolos en la ilegalidad y bajo constante amenaza. Los inspectores, bajo el paraguas de un supuesto Código de Ética, son en realidad guardianes de una narrativa oficialista que no admite contradicciones.
La implementación de esta brigada de inspectores representa un retroceso en la lucha por la libertad de prensa en Cuba. Lejos de abrir espacios de debate y diversidad, el régimen continúa asfixiando cualquier intento de pensamiento crítico. La ley no solo pone en riesgo el trabajo de periodistas independientes, sino también el derecho de los ciudadanos a informarse de manera libre y plural.
Resulta irónico que Jorge Legañoa, quien casi no se gradúa de periodismo en Cuba, ahora sea uno de los principales defensores de esta medida. Su fidelidad al régimen desde su época de estudiante, su mediocridad absoluta y falta de criterio propio, así cómo – ahora – su papel como vicepresidente del IICS lo han posicionado como un ferviente promotor de estas políticas restrictivas.
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