Miles de cubanos que residen o viajan desde territorio ruso para llevar dinero en mano a sus familiares en la Isla enfrentarán a partir de ahora un nuevo nivel de fiscalización. El Banco Central de Cuba (BCC) y el Servicio Federal de Aduanas de Rusia (FCS) formalizaron el 11 de noviembre un pacto bilateral diseñado para cruzar los registros sobre el efectivo e instrumentos monetarios que trasladan los pasajeros entre ambas naciones, según reportó Diario las Américas.
El acuerdo, rubricado por Fernando Luis Camejo de la Rosa —jefe de Investigación y Operaciones Financieras del BCC— y Tatyana Merkushova —subdirectora del FCS—, no altera los montos máximos permitidos por la ley ni veta las remesas. Sin embargo, elimina la opacidad en las fronteras: las declaraciones de divisas presentadas en los aeropuertos de un país podrán ser auditadas por las autoridades del otro. Moscú informó que el documento «sienta las bases para la transferencia de información sobre dinero e instrumentos monetarios que se mueven entre Rusia y Cuba», especificando el origen del capital, y añadió que «las partes tienen la intención de utilizar el intercambio de información para identificar transacciones sospechosas». Pese al anuncio, ni los umbrales de alerta ni la fecha exacta de implementación han trascendido al no divulgarse el texto íntegro.
A efectos prácticos, quienes viajen entre ambos destinos quedan sujetos a una doble supervisión sobre las normativas ya vigentes. En la Isla, la Resolución 124/2020 exige reportar cualquier cifra superior a los 5,000 dólares y prohíbe sacar más de esa suma sin aval del presidente del BCC y pruebas de procedencia lícita, mientras que Rusia mantiene vetada hasta marzo de 2027 la salida de efectivo por encima de los 10,000 dólares. Bajo las nuevas reglas, si un viajero omite datos o miente en su declaración, «las autoridades competentes deberían poder solicitar datos sobre el origen del dinero y su uso previsto», convirtiendo el traslado personal de billetes en un dato compartido entre ambos gobiernos.
Esta maniobra responde al empeño de La Habana por capturar las divisas que circulan por fuera de las arcas estatales, una ofensiva que en septiembre pasado incluyó la Resolución 102/2026, normativa que obligó a los negocios privados autorizados a cobrar en dólares y euros a entregar el 20% de sus ingresos al Estado. Al mismo tiempo, estrecha los lazos financieros con el Kremlin tras la expansión de los pagos en rublos mediante Novikombank —filial del consorcio estatal Rostec que reportó un alza del 42% en estas operaciones desde abril de 2025—, el despliegue de tarjetas MIR para jubilados rusos en la Isla en octubre de 2026 y un repunte del 32% en el comercio bilateral durante los primeros ocho meses del año, cifrado por el viceprimer ministro Dmitri Chernyshenko.
Aunque ambos gobiernos presentan este pacto aduanero como un cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el argumento choca con el hecho de que tanto Cuba como Rusia tienen suspendida su membresía en dicho ente desde febrero de 2023. En un escenario marcado por el endurecimiento de las sanciones de Washington contra La Habana, la entrega de datos patrimoniales de los ciudadanos cubanos a Moscú consolida una red financiera al margen de Occidente y abre la incógnita de si este escrutinio terminará frenando la vía más directa de ayuda económica para las familias en la Isla.
