Dos congresistas demócratas de Estados Unidos cerraron una visita oficial de cinco días a Cuba con un mensaje directo: la actual política energética de Washington está agravando la crisis en la isla y debe ser revisada de forma urgente. La delegación, encabezada por Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, recorrió La Habana, se reunió con autoridades del gobierno cubano y visitó centros de salud, donde observaron de primera mano el impacto del desabastecimiento de combustible.
Durante su estancia, los legisladores sostuvieron encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y miembros del Parlamento. Según relataron al cierre del viaje, la falta de energía ha afectado de forma directa servicios esenciales, desde hospitales hasta el transporte público. En un comunicado conjunto, calificaron la estrategia estadounidense como “castigo colectivo” y la describieron como una forma de “bombardeo económico” sobre la infraestructura del país.
The Guardian recoge una frase dicha por ellos: «esto debe terminar inmediatamente», pero lamentablemente no se refería al fin de la represión en la isla y el encarcelamiento de voces descontentas con la situación que se vive. Este detalle fue compartido en redes por el cada día más influyente periodista Mario J. Pentón, quien señaló que ninguno de los dos congresistas viajó a la isla para pedir, por ejemplo, la liberación del menor Jonathan David Muir Burgos. Muir Burgos, de 16 años de edad, es hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila. Fue arrestado después de los sucesos del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, y desde el 16 de marzo permanece bajo proceso; primero en el DTI de Ciego de Ávila y luego bajo orden de prisión provisional dictada por la Fiscalía Municipal de Morón. Según reportaron medios independientes cubanos, al menor le imputaron el delito de sabotaje, una acusación que podría acarrear entre 7 y 15 años de prisión. Los mismos medios señalan además que su familia y varias organizaciones han denunciado falta de tratamiento médico, interrogatorios y preocupación por un posible traslado a la cárcel de Canaleta.
La visita se produce en un momento de alta tensión bilateral, tras la decisión del presidente Donald Trump de endurecer las sanciones contra Cuba y, en particular, restringir el suministro de petróleo a la isla. A finales de enero, la administración estadounidense amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera combustible a La Habana, una medida que en la práctica redujo casi por completo las importaciones energéticas durante varios meses.
El impacto ha sido visible en todo el país. La escasez de combustible ha derivado en apagones prolongados, racionamiento de gasolina, paralización parcial del transporte público y reducción de jornadas laborales. En hospitales, según relataron los congresistas, la situación ha llegado a comprometer tratamientos médicos. Describieron casos de pacientes oncológicos sin acceso a terapias y de unidades de cuidados intensivos que dependen de un suministro eléctrico inestable.
Uno de los episodios más recientes que ilustra la gravedad de la crisis fue la llegada a Cuba de un petrolero ruso con unos 730.000 barriles de crudo, el primero en aproximadamente tres meses. Expertos citados en los reportes estiman que ese volumen apenas cubriría la demanda de diésel del país durante nueve o diez días, lo que subraya el carácter temporal de este tipo de envíos. Rusia ha prometido un segundo cargamento, aunque sin fecha confirmada.
El deterioro energético también está vinculado a factores geopolíticos más amplios. El suministro procedente de Venezuela —históricamente uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba— se interrumpió tras acciones de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro a inicios de año. A esto se suma la cautela de otros países, como México, que han reducido o suspendido envíos por temor a sanciones estadounidenses.
Pese a este escenario, los legisladores estadounidenses señalaron que existen señales que podrían abrir la puerta a una negociación bilateral. Entre ellas mencionaron medidas recientes del gobierno cubano, como la apertura parcial de la economía a inversiones de cubanos en el exterior, el indulto a más de 2.000 presos por diversos delitos y la cooperación con agencias estadounidenses en investigaciones específicas. Para Jayapal, estos movimientos indican que “el momento es ahora” para retomar un diálogo serio entre ambos países y revisar una política que calificó como heredera de la Guerra Fría. Dijo además que ellos no creen «que la mayoría de los estadounidenses quiera que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe en nuestro nombre».
En la misma línea, Jackson comparó la situación de Cuba con otros puntos estratégicos del mercado energético global, señalando que Washington defiende el libre flujo de petróleo en regiones como el estrecho de Ormuz, mientras mantiene restricciones severas en el Caribe. Según afirmó, la isla se ha convertido en “el lugar más sancionado del planeta”, a apenas 150 kilómetros de las costas estadounidenses.
Dentro del propio Congreso estadounidense, la política hacia Cuba vuelve a generar divisiones. Un grupo de legisladores demócratas ha advertido recientemente que las sanciones están agravando una crisis humanitaria y han instado a cambiar el enfoque tras más de seis décadas de embargo sin resultados concluyentes. En una carta dirigida a la Casa Blanca, señalaron que el endurecimiento de las restricciones energéticas está afectando de forma directa a la población civil, especialmente a sectores vulnerables como niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas.
La Casa Blanca, por su parte, mantiene una estrategia dual. Mientras incrementa la presión económica —incluida la restricción energética—, también ha reconocido contactos en curso con autoridades cubanas. Aunque no se han divulgado detalles de esas conversaciones, ambos gobiernos han confirmado que existen intercambios a alto nivel, en un intento por explorar posibles salidas a la crisis.
Al cierre de su visita, Jayapal y Jackson adelantaron que elaborarán un informe con sus conclusiones y que impulsarán iniciativas en la Cámara de Representantes para revisar las sanciones. Ambos coincidieron en que la situación actual no solo impacta a Cuba, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia y el costo político de la estrategia estadounidense en la región.
La otra postal tras la visita o El cuento de la Buena Pipa
Pero ese cierre institucional no alcanza a cubrir el ruido político que deja la visita. El encuentro con Miguel Díaz-Canel no es una imagen neutra para una parte significativa de los cubanos, dentro y fuera de la isla. Su figura sigue asociada a la respuesta del gobierno durante las protestas del 11 de julio de 2021, cuando pidió a sus seguidores salir a las calles en medio de las manifestaciones a reprimir las voces que pedían un cambio en la isla. Ese episodio sigue marcando la percepción pública. Por eso, aunque los congresistas hayan denunciado el impacto del embargo energético, la foto con la cúpula del poder cubano no se interpreta únicamente como un gesto diplomático. Para muchos, funciona también como una señal de legitimación. Y en la política estadounidense, ese tipo de señales suele tener un efecto inmediato: activa el discurso republicano y refuerza la narrativa de concesión frente al gobierno cubano.
Así por ejemplo se manifestó la activista e influencer Saily (de Amarillo) González Velázquez; una feroz antitrumpista, a quien el estrechón de manos y la sonrisita de Canel con los congresistas no le asentó nada bien, y con muchísima lógica (la explicada en el párrafo anterior y otra que se quedó por decir)
También hay una cuestión de escala que no se puede ignorar. No se trató de una delegación bipartidista ni de un cambio de línea oficial de Washington, sino de la visita de dos congresistas. No eran dos figuras irrelevantes, pero tampoco dos pesos pesados capaces por sí solos de mover la política de Washington hacia Cuba. Pramila Jayapal sí tiene visibilidad dentro del Partido Demócrata: cumple su quinto mandato, es senior whip del caucus demócrata, chair emerita del Congressional Progressive Caucus tras haberlo dirigido durante años, y además integra comités como Judiciary, Budget y Foreign Affairs. Jonathan Jackson, en cambio, tiene bastante menos peso nacional: va por su segundo mandato y forma parte de Agriculture y Foreign Affairs, con trabajo en la subcomisión del Hemisferio Occidental, pero sin el rango político interno de Jayapal.
Dos congresistas dentro de un sistema donde la política hacia Cuba lleva décadas atrapada en el mismo ciclo. Declaraciones, cartas, proyectos de ley, llamados a revisar el embargo. La secuencia se repite. Los propios demócratas han impulsado en múltiples ocasiones iniciativas para flexibilizar o desmontar sanciones, pero esas propuestas rara vez logran avanzar en el Congreso o el Senado. La correlación política interna en Estados Unidos ha demostrado ser un límite constante.
Ese antecedente pesa cuando se mira hacia atrás. Durante la administración de Joe Biden, hubo expectativas de cambios tras las medidas de Donald Trump en su primer mandato, pero los ajustes fueron parciales y tardíos. Algunas flexibilizaciones llegaron en el tramo final y no alteraron el marco general de sanciones. La experiencia refuerza una duda que aparece tanto dentro como fuera de Cuba: si en condiciones políticas más favorables no se produjeron cambios estructurales, ¿qué margen real existe ahora? ¿Qué pueden hacer estos dos congresistas? ¿Impulsarán otro «obamismo»?
Tampoco el precedente de la administración de Barack Obama ofrece una lectura lineal. El acercamiento de aquellos años abrió embajadas, restableció relaciones diplomáticas y amplió los intercambios, pero no se tradujo en transformaciones políticas internas en la isla. Las detenciones de opositores continuaron y el sistema se mantuvo intacto. Esa experiencia sigue siendo utilizada por sectores críticos para argumentar que el diálogo, sin condiciones adicionales, no genera cambios de fondo.
Mientras tanto, el gobierno cubano mantiene su patrón de interlocución. Se reúne con delegaciones extranjeras, con actores políticos y diplomáticos, pero el conflicto interno con el disenso sigue sin una mesa visible. Esa distancia entre la diplomacia exterior y la realidad interna alimenta el escepticismo. Las señales de apertura que mencionan los congresistas conviven con una estructura política que no ha incorporado a sus críticos en un proceso de negociación reconocible.
El resultado es un escenario donde las dos narrativas avanzan en paralelo. Por un lado, el impacto real de la crisis energética, documentado incluso por legisladores estadounidenses. Por otro, una desconfianza acumulada que no desaparece con visitas ni declaraciones. En ese cruce, la posibilidad de un cambio sigue dependiendo menos de gestos puntuales y más de decisiones estructurales que, hasta ahora, no han llegado NUNCA. Pero si Ud. quiere seguir confiando en esas señales de humo, be my guest.
