El Grupo Empresarial Tabacuba publicó en sus redes sociales un comunicado para informar el fallecimiento de un directivo vinculado al sector tabacalero cubano. El texto, cargado de solemnidad institucional, describía a “uno de sus más fieles defensores”, repasaba una larga trayectoria en empresas del sector y destacaba valores como la entrega, el compañerismo y la lealtad. Sin embargo, omitía un dato esencial: el nombre del fallecido.
La reacción no se hizo esperar. En los comentarios de la propia publicación comenzaron a aparecer mensajes de condolencias que, de manera espontánea, fueron completando la información que el comunicado oficial no ofrecía. Entre ellos, varios usuarios identificaron al directivo como José Enrique Martínez Suárez, figura conocida dentro del ámbito tabacalero, con responsabilidades en empresas como El Laguito, Segundo Quíncosa y otras entidades clave del sector.
El contraste fue inmediato. Mientras el texto institucional acumulaba cargos, adjetivos y frases solemnes, eran los propios trabajadores, colegas y conocidos quienes aportaban los elementos básicos de identificación. Algunos comentarios incluso señalaban de forma directa la omisión: “¿Quién es?”, “no ponen el nombre”, “falta de respeto no poner sus datos”, se leía entre decenas de mensajes.
Más allá del error puntual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la comunicación oficial cubana: la tendencia a priorizar el tono por encima de la información. El comunicado de Tabacuba cumple con todos los códigos del lenguaje institucional —respeto, solemnidad, énfasis en el colectivo—, pero falla en lo más básico: decir quién ha fallecido.
El resto del relato termina construyéndose desde abajo. Los comentarios dibujan el perfil de un hombre con años de experiencia en el sector, recordado por su carácter, su cercanía y su conocimiento del tabaco. Ex subordinados, compañeros de trabajo y amigos lo describen como un directivo exigente, pero cercano; alguien que formó a otros dentro del oficio y que dejó una huella en distintas fábricas y empresas.
También aparece el lenguaje cotidiano que no está en el comunicado: apodos, anécdotas, recuerdos compartidos. Ese material, que no responde a ninguna línea editorial, termina siendo el que más información aporta sobre la persona.
El problema no es solo formal. En un contexto donde las redes sociales funcionan como espacio principal de circulación de información, una omisión así no pasa desapercibida. Obliga a que sea la audiencia quien complete el dato, fragmenta el mensaje y genera desconfianza en la fuente que lo emite.
No es la primera vez que ocurre. Comunicados institucionales en Cuba suelen repetir este patrón: textos extensos, cargados de fórmulas y estructuras fijas, pero con vacíos informativos que deberían ser elementales. El resultado es una comunicación que suena correcta, pero que no termina de cumplir su función.
En octubre de 2025, el oficialismo informó sobre el hallazgo de un cráneo en una calle de Holguín. El medio oficialista en Holguín que intentó “aclarar” el hallazgo de restos humanos en la vía pública, lo calificó como un “cráneo antiguo”. El error no fue la falta de información, sino el uso de un término que no significa nada: no precisa edad, origen ni contexto, y no responde a ningún criterio forense. En lugar de corregir la imprecisión, el medio insistió en la expresión y acusó de “manipulación” a quienes cuestionaban la versión. El resultado fue el contrario: más dudas, pérdida de credibilidad y una ola de burlas que expuso el fallo de base.
Episodios recientes han expuesto fallas similares, incluso más graves, en la comunicación oficial. Tras el suceso del ametrallamiento de una lancha que se infiltró ilegalmente por Corralillo, en la provincia de Villa Clara, medios estatales difundieron el nombre de una supuesta víctima que, en realidad, no había viajado en la embarcación y se encontraba con vida en Tampa, Estados Unidos. El error no solo obligó a rectificar, sino que dejó al descubierto un problema de verificación básica que, en situaciones sensibles como fallecimientos o siniestros, tiene consecuencias directas para familias y comunidades.
Lo ocurrido ahora con Tabacuba no alcanza ese nivel de gravedad, pero se inscribe en la misma lógica: comunicar sin asegurar lo esencial de una nota. En este caso, el nombre de José Enrique Martínez Suárez terminó imponiéndose por la vía más simple: la gente que lo conocía lo dijo. No hizo falta confirmación oficial, ni ampliación posterior. Bastaron los comentarios para reconstruir lo que el texto inicial no había sido capaz de hacer.
El comunicado hablaba de legado, de trayectoria y de ejemplo. Pero fue la propia comunidad tabacalera la que terminó poniendo nombre a ese legado.
