Una pareja cubana que lleva más de dos décadas en España descubrió esta semana, de la manera más cruel y más común, que un piso puede ser tuyo y aun así no estar a tu alcance.
La historia, difundida el 28 de diciembre de 2025 por el asesor inmobiliario Jorge Danés y recogida por CiberCuba Noticias, arranca con un plan familiar casi clásico: trabajar sin descanso, ahorrar, comprar y dejarle a la hija una base para su vida adulta.
Según ese relato, tras 22 años de esfuerzo lograron adquirir dos viviendas en la Comunidad de Madrid: una en la capital y otra en Aranjuez. Mientras la hija estudiaba, uno de esos inmuebles se alquiló; el contrato, siempre según la versión divulgada, se mantuvo durante seis años con una renta de 550 euros mensuales, sin subidas de precios, cosa esta que dice muchísimo de lo buena gente que es esta pareja de cubanos; y muchísimo también de lo mal que están obrando estos inquilinos.
El choque llegó cuando la hija anunció su boda y pidió mudarse: los inquilinos se negaron a entregar la vivienda, dejaron de pagar y se acogieron a la figura de la “vulnerabilidad” para frenar el desalojo, iniciando un desgaste económico y emocional que ya incluye, incluso, la idea de vender por debajo de precio para escapar del laberinto judicial.
Lo que para la pareja es una sensación de despojo lento —pagar impuestos, cumplir reglas, sostener una propiedad que no pueden usar— también ha golpeado a nombres conocidos del exilio cubano. El médico y activista Lucio Enríquez contó en COPE Tenerife que su vivienda en Los Abrigos (Granadilla de Abona), adquirida cuando trabajaba en la isla con la intención de jubilarse allí, terminó convertida en un caso de “inquiokupación” tras mudarse a la Península por motivos laborales.
Enríquez explicó que al principio no hubo problemas, pero que tras un año los inquilinos dejaron de pagar; denunció además la gestión de la inmobiliaria que le llevó el alquiler y afirmó que, cuando pidió los datos completos del arrendatario para la declaración de Hacienda, la agencia se negó a facilitárselos.
En ese testimonio, el médico describió una aritmética que desmonta el cliché del “propietario rentista”: dijo que paga 600 euros de hipoteca y que recibía 580 euros de alquiler, es decir, ni siquiera le cubría la cuota. Con el proceso ya en manos de abogados, asumió que la vía judicial será lenta por saturación de juzgados, y soltó una frase que se repite en muchos afectados: cuando recupere el piso, lo venderá; no quiere volver a pasar por lo mismo.
En el fondo, ambos casos —el matrimonio en Madrid y el médico en Tenerife— se cruzan en el mismo punto: la capacidad real del propietario para recuperar la posesión se vuelve extremadamente frágil cuando entra en juego la vulnerabilidad alegada por el ocupante o arrendatario.
Esa fragilidad no existe en el aire: está respaldada por un marco de medidas que, con matices y requisitos, permite suspender desahucios y lanzamientos en determinados supuestos. El 24 de diciembre de 2025, por ejemplo, un real decreto-ley amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos en los casos y trámites ya establecidos, y estiró también el plazo para solicitar compensaciones por parte del arrendador o propietario en determinados escenarios, recoge BOE.
En la práctica, el mecanismo se apoya en comunicaciones al juzgado y en la intervención de servicios sociales para acreditar la situación de vulnerabilidad, un circuito que el propio Gobierno ha explicado en guías públicas desde la etapa del “escudo social” y que, para muchos propietarios, termina siendo sinónimo de meses —o más— sin renta y sin control efectivo de su casa, concluye el Ministerio de Sanidad.
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