Más de medio millón de migrantes ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, según reveló un reportaje especial del periodista Alexis Boentes para Telemundo51. De ellos, más del 80% lo hicieron a través de aeropuertos de la Florida, incluido el de Miami, procedentes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La iniciativa, que permitió la entrada legal de estas personas, fue inicialmente celebrada por brindar una vía segura de migración. Solo requería una solicitud en línea y un patrocinador en EE.UU. que asumiera la responsabilidad económica. «Todos los cubanos quieren tener un patrocinador», comentó una de las entrevistadas, quien pudo reunirse con su hija tras 21 años de separación.
No obstante, el programa no tardó en recibir críticas y fue objeto de una demanda impulsada por varios estados republicanos que lo calificaron de ilegal. La administración Biden decidió pausarlo tras sospechas de fraude: se descubrió que incluso personas fallecidas habían patrocinado solicitudes desde Cuba.
Sin embargo, tal y como señala el reportaje, la situación se ha tornado crítica. El parole humanitario será revocado oficialmente el 24 de abril, incluso para quienes aún no cumplan los dos años originalmente otorgados. «Les están revocando el parole automáticamente y les están dando 30 días para abandonar el país», afirmó el reportaje.
Sin embargo, para los cubanos existe una posible tabla de salvación: la Ley de Ajuste Cubano. Si logran permanecer en EE.UU. durante un año y un día, pueden solicitar la residencia permanente, incluso si el parole ya ha expirado. «Nada les quita ese derecho porque su entrada fue legal», explicó un abogado consultado por Telemundo.
No resulta reiterativo señalar, para aquellos muchos que NUNCA lo han interiorizado, y para aquellos miles que lo desconocen, que la Ley de Ajuste Cubano (CAA) fue establecida en 1966 para otorgar residencia permanente a ciudadanos cubanos que llegaban a Estados Unidos, bajo el supuesto de que huían de persecución política. Sin embargo, en años recientes, ha surgido una controversia en torno a su aplicación, especialmente respecto a aquellos beneficiarios que, tras obtener la residencia, regresan a Cuba, señalan medios como El Estornudo.
El primero senador y actual Secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, ha cuestionado reiteradamente esta práctica, señalando la incongruencia de que individuos que alegaron persecución política regresen frecuentemente a la nación de la que supuestamente huyeron. En una audiencia, Rubio expresó: «Si estás huyendo de la persecución, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba?». Y tiene muchísima lógica, por mas que a muchos no les guste Marco Rubio.
Este comportamiento ha generado críticas sobre el posible abuso de la CAA. Algunos argumentan que tales acciones podrían poner en riesgo la continuidad de la ley, al evidenciar inconsistencias en las razones esgrimidas para obtener el estatus migratorio. Además, se ha señalado que este uso de la ley podría ser visto como un fraude, ya que la protección otorgada se basa en la supuesta persecución en Cuba, recoge 14ymedio.
A todas luces, y más ahora en estos momentos convulsos que corren, es esencial que los cubanos beneficiarios de la CAA comprendan las implicaciones de sus acciones. Viajar de regreso a Cuba después de obtener la residencia bajo esta ley puede ser interpretado como una contradicción de las razones que justificaron su ajuste de estatus, lo que podría tener consecuencias legales y políticas en el futuro para ellos, y quien sabe – ¡y ojalá que no! – en la revocación de la Ley.
Peor la tienen nicaragüenses, venezolanos y haitianos – entre otros muchos de otras nacionalidades – porque a diferencia de los cubanos, los migrantes de otros países deberán encontrar vías alternativas como el asilo o el TPS, en medio de largas esperas para permisos de trabajo. Muchos viven ahora con miedo.
“No puedo dormir, no puedo concentrarme en el trabajo. Solo pensar en la deportación me aterra”, confesó en el reportaje una migrante nicaragüense.
Mientras tanto, una demanda en la Corte Federal de Boston podría cambiar el panorama. El próximo 10 de abril, una jueza decidirá si suspende temporalmente la revocación del parole. Para miles de familias, ese fallo representa su última esperanza de evitar una deportación inminente.
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