En una inesperada pero significativa victoria para los defensores de los derechos de los migrantes, un juez federal del Distrito Norte de California bloqueó recientemente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 venezolanos. Esta decisión representa un importante revés para la administración del expresidente Donald Trump, quien ha vuelto al poder con una agenda migratoria radical y punitiva, que incluye la revocación del Parole Humanitario y la reanudación de deportaciones masivas.
La orden judicial, emitida por el juez Edward Chen, señala que eliminar el TPS no solo causaría “daños irreparables” a cientos de miles de personas, sino que también tendría un “impacto económico significativo para Estados Unidos”. Según estimaciones presentadas por el tribunal, el costo para las empresas de reemplazar a los trabajadores beneficiarios del TPS podría ascender a 1,300 millones de dólares. Además, el juez afirmó que los venezolanos bajo TPS presentan niveles educativos más altos, una alta participación laboral, y tasas de criminalidad más bajas que el promedio nacional.
El argumento racista y la falsa narrativa del «Tren de Aragua»
Uno de los pilares del argumento del gobierno de Trump para revocar beneficios migratorios ha sido la supuesta infiltración de criminales, en especial miembros de la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Sin embargo, el juez Chen desmanteló esa narrativa:
“El gobierno no ha demostrado que ningún beneficiario venezolano del TPS sea miembro de dicha pandilla”, afirmó. Más allá de la falta de evidencia, Chen apuntó que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrían estar motivadas por una animadversión inconstitucional.
Incluso, hay al menos dos casos de dos venezolanos detenidos que fueron enviados a El Salvador, a quienes solo criminalizaron por los tatuajes que llevaban en su cuerpo. El tatuaje de uno de ellos, un músico, es el del Real Madrid, sin embargo, ese solo detalle – dicen sus familiares – lo hicieron merecedor de la deportación.
Paradójicamente, mientras en los tribunales se derrumban las justificaciones del gobierno, los vuelos de deportación continúan. Este 28 de marzo, un avión con 178 venezolanos deportados aterrizó en Caracas. En el vuelo se encontraba Leonel Moreno, alias “Leito Oficial”, un tiktoker que incitó abiertamente a ocupar viviendas vacías en EE.UU. Según autoridades venezolanas, su presencia provocó el disgusto de otros migrantes a bordo del mismo vuelo, quienes lo responsabilizan de haber contribuido al estigma colectivo que pesa sobre ellos.
Desde febrero, más de 1,200 venezolanos han sido repatriados, algunos desde Guantánamo, otros desde México y Texas. El ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, ha descrito estas deportaciones como «secuestros» y “estigmatizaciones” sin base legal, aludiendo a la falta de pruebas que sustenten las acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
El caso cubano que podría marcar un precedente: Lázaro Yuri Valle Roca
Entre los migrantes en la mira de las políticas de deportación del nuevo gobierno estadounidense está Lázaro Yuri Valle Roca, periodista independiente y exprisionero político cubano. Valle Roca llegó a Estados Unidos en 2023 gracias al Parole Humanitario, tras una detención prolongada en el Combinado del Este, una de las cárceles de máxima seguridad en Cuba. Fue liberado solo tras intensas gestiones de su esposa, Eralidis Frómeta, quien tramitó la salida del país de ambos gracias a un parole gestionado desde el exterior por su hermano, ciudadano estadounidense.
A pesar de su historial como disidente y la persecución política sufrida, Valle Roca recibió recientemente una notificación del DHS en la que se le advierte que debe abandonar el país antes del 24 de abril de 2025.
“Eso es una condena de muerte”, dijo Frómeta en declaraciones públicas. Aun así, su abogado, el reconocido jurista Willy Allen, considera que los cubanos con parole humanitario no deben temer deportación, pues califican para la Ley de Ajuste Cubano al cumplir un año y un día de presencia en EE.UU.
Pero no todo es blanco y negro. Valle Roca y su esposa no solicitaron asilo político al ingresar, creyendo que el parole era suficiente garantía de estabilidad. Sin embargo, las condiciones han cambiado. El discurso oficial cubano ya ha comenzado a capitalizar estas deportaciones con fines propagandísticos, mientras el canciller Bruno Rodríguez denuncia que EE.UU. utiliza la migración como «arma de chantaje político». La posibilidad de que un activista como Valle Roca sea enviado de vuelta a la isla no solo sería escandalosa desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que podría abrir una puerta a demandas y litigios que comprometan seriamente a la administración de Trump, aunque los abogados de Miami – republicanos la inmensa mayoría – parecen estar más a la defensiva y empeñados en buscar soluciones individuales, en lugar de demandar a la administración.
La judicialización de la política migratoria
Lo que estamos presenciando es una nueva era de judicialización de la política migratoria. Si bien Trump controla el Ejecutivo, las cortes están demostrando que no le será fácil imponer medidas que vulneren derechos fundamentales o se basen en prejuicios y estereotipos. La demanda que resultó en la suspensión de la cancelación del TPS fue impulsada por la Alianza Nacional del TPS, un grupo de defensa con fuerte presencia legal y política en todo el país.
El caso de los venezolanos – créanlo o no – es y será solo el primero. Detrás vienen otras demandas por la cancelación del Parole Humanitario, que afecta no solo a venezolanos, sino también a haitianos, nicaragüenses y cubanos. En todos esos colectivos existen personas que, como Lázaro Yuri Valle Roca, tienen trayectorias personales tan sólidas y documentadas que podrían convertirse en símbolos de la resistencia legal ante lo que muchos califican como una política de deportación indiscriminada.
¿Qué pueden hacer los migrantes?
Frente a esta nueva ola de incertidumbre, los abogados de inmigración coinciden en que la mejor defensa es la preparación y documentación. Desde cartas de recomendación que atestigüen el buen carácter moral, hasta pruebas de empleo, pago de impuestos, participación comunitaria y vínculos familiares, todo puede ser útil ante un juez de inmigración.
Además, en el caso de personas con historial político o de persecución, es crucial presentar documentación detallada: desde cartas de organizaciones de derechos humanos hasta artículos de prensa y evidencias de encarcelamiento o tortura. La Corte puede considerar esos elementos decisivos para evitar una deportación.
Un futuro incierto para Trump… y para miles de migrantes
En resumen, la suspensión del fin del TPS para venezolanos no es solo un obstáculo puntual para los planes de Trump. Es un síntoma de que el sistema judicial está dispuesto a frenar medidas migratorias extremas, especialmente cuando están basadas en motivos políticos, raciales o sin sustento legal. Trump podrá tener el poder político, pero como demostró el juez Chen, en Estados Unidos el poder judicial aún funciona como contrapeso.
Casos como el de Lázaro Yuri Valle Roca podrían ser claves en las próximas batallas legales. Porque si un exprisionero político, víctima de tortura y represión, puede ser expulsado del país que se jacta de defender la libertad, entonces la credibilidad del sistema migratorio estadounidense estaría definitivamente en crisis.
A juzgar por las señales recientes, Trump no lo tendrá tan fácil, y las cortes podrían seguirle torciendo el brazo. Habrá que seguir el camino hasta el Tribunal Supremo, y mientras tanto rezar y «portarse bien», para no ser detenido, arrestado y deportado.
Si tienes algún familiar deportado o incluso en riesgo de deportación, el canal Telemundo51 está interesado en contar su historia. Visita este enlace (aquí)
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