Luego de que la Ministra de Defensa de Sudáfrica Thandi Modise denunciara en agosto de 2021 la compra arbitraria y no autorizada de un lote de Heberon (Interferón) Alfa R 2B a Cuba por valor de 17,7 millones de dólares sin contar con el Departamento de Salud de ese país, el jefe de las Fuerzas de Defensa Nacional (SANDFS), Rudzani Maphwanya, informó al Parlamento sudafricano que todo el producto había sido devuelto a la isla.
Según el medio sudafricano News24, Maphwanya aseguró haber “devuelto todo lo que se requería devolver”, sin llegar a pagarse dos de las tres facturas convenidas previamente con la entidad estatal cubana TECNOIMPORT, ambas por un monto de 13 millones, que proveyó al país de este medicamento para atenuar el impacto de la Covid-19 en sus inicios.
Con la totalidad del producto de vuelta en Cuba, ahora el gobierno de Miguel Díaz-Canel está obligado a devolver a Sudáfrica el monto de la primera factura ejecutada, que asciende a unos tres millones de dólares. Las autoridades de la isla no han hecho aún declaraciones oficiales al respecto.
El negocio se concretó sin contar con el permiso de la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios (SAHPRA), la cual, además, ya había prohibido previamente el uso del medicamento para el tratamiento de la enfermedad.
El general M.J. Tyhalisi, de la SANDFS, había pretextado entonces la inmiscusión del ejército en esta compra por haber considerado que la pandemia era una forma de guerra biológica. Por eso, las fuerzas militares tienen “la capacidad única de manejar la guerra química y biológica. Estábamos lidiando con un enemigo que no sabíamos cómo se iba a comportar”, declaró.
“Si la eficacia del fármaco es buena o no, no viene al caso. El punto aquí es quién autorizó esto fuera del Departamento de Salud. Se debe seguir el proceso de adquisición. No puedo despertarme mañana y decir que quiero un helicóptero y ya está”, declaró en agosto la ministra en su primer informe ante el Parlamento.
La transacción informada y criticada por Modise fue investigada por el Comité de Cartera de Defensa y Veteranos Militares del Parlamento (PCDMV), cuyo Auditor General dictaminó que se incurrió en una planificación inadecuada que derivó en la implementación de un “contrato indefinido”. Además, señaló que no se siguió ningún proceso de adquisición y por ende todos los gastos resultantes fueron de naturaleza irregular.
La pesquisa legal concluyó además que fue violada la Ley de Medicamentos y Sustancias Relacionadas vigente en Sudáfrica, estableciendo que deben evitarse iniciativas similares en el futuro, y recuperar el total del dinero invertido, unos tres millones que están en las arcas cubanas fruto de la ejecución de la primera factura.
