La creciente ola de inseguridad que golpea a la sociedad cubana sumó recientemente una nueva víctima. La reconocida periodista deportiva Julita Osendi fue blanco de un severo robo con fuerza en su vivienda, un suceso que no solo dejó cuantiosas pérdidas materiales, sino que también evidenció la ineficacia y el abandono por parte de los organismos encargados de velar por el orden público en el país.
Según los reportes iniciales, individuos no identificados irrumpieron violentamente en el inmueble de la periodista, quien hace unos meses confirmó que se encontraba en España, tras destruir los sistemas de seguridad. Para lograr el acceso al interior de la propiedad, los asaltantes forzaron y destrozaron puertas y rejas metálicas, demostrando un nivel de impunidad y planeación que alarma a los vecinos de la zona.
Una vez dentro, los malhechores procedieron a vaciar sistemáticamente la residencia, sustrayendo bienes de gran valor y de difícil reposición en el contexto económico actual. Entre los objetos robados se encuentran equipos de energía renovable como paneles solares, tanques para almacenamiento de agua y electrodomésticos esenciales para la cocción de alimentos, como un fogón. La magnitud del saqueo indica que los ladrones dispusieron del tiempo y la logística necesarios para trasladar equipos pesados sin ser interceptados.
Sin embargo, el impacto del delito se vio agravado por la respuesta de las fuerzas del orden público. A pesar de las reiteradas llamadas de auxilio y la gravedad de la situación reportada, la policía jamás se presentó en la escena del crimen para realizar el peritaje correspondiente, levantar huellas dactilares ni tomar declaraciones directas a los afectados en el lugar de los hechos.
La única interacción con el sistema judicial se redujo a la entrega de un documento oficial que carece de utilidad operativa.
Al acudir a la estación policial para formalizar la denuncia, los encargados de cuidar el inmueble recibieron un acta impresa sin tinta, resultando completamente ilegible y dejando en evidencia la precariedad técnica incluso dentro de las propias instituciones estatales, de acuerdo a trascendidos en redes sociales.
Este incidente ha reavivado el malestar social y la indignación generalizada en torno a la falta de garantías básicas para la ciudadanía. Diversos sectores señalan la paradoja de un aparato estatal que no puede asegurar insumos elementales como la tinta para una impresora ni responder a un llamado de emergencia, mientras la población enfrenta un estado de indefensión constante ante el incremento de la delincuencia.
El caso de Julita Osendi se suma a una lista cada vez más larga de robos con fuerza y delitos contra la propiedad que quedan impunes en todo el territorio nacional, reflejando un panorama de deterioro institucional donde la seguridad ciudadana parece haber dejado de ser una prioridad.
