Quedaban tan solo unos días para la inminente terminación del “parole humanitario”, lo que habría afectado a miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Sin embargo, la jueza Indira Talwani emitió este lunes una orden que suspende temporalmente su revocación.
A menos de un mes desde que el presidente Donald Trump emitiera la orden de terminación, la jueza federal de Boston ha concedido una pausa a la implementación de esta política, argumentando varios factores clave en su decisión.
Uno de los puntos más debatidos a nivel internacional es que el gobierno no tiene la potestad de revocar en masa, sin una revisión caso por caso, la libertad condicional ni la autorización de trabajo que se había concedido a los extranjeros bajo los “programas de libertad condicional CHNV”.
«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», se lee en el documento compartido por la jueza.
Además, la magistrada señaló que la administración actual no ha presentado «ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en EEUU por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado)».
“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, añadió.
Ya en la audiencia del pasado jueves, Talwani —designada por el expresidente demócrata Barack Obama— había adelantado su intención de suspender la revocación del parole. Durante la sesión, examinó los argumentos del gobierno de Trump, que justificaban la medida alegando que el parole CHNV ya no cumplía su propósito original.
Sin embargo, en su resolución, la jueza argumentó que los beneficiarios del programa ahora enfrentan una situación aún más crítica, obligados a elegir entre “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”.
«La secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi Noem), al acortar el período de ‘parole’ otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», afirmó la jueza, señalando que la justificación para terminar el programa se basó en una interpretación errónea de la ley.
Asimismo, la jueza reconoció una demanda colectiva, lo que implica que esta protección aplicaría a todos los beneficiarios del parole CHNV que están siendo afectados, sin que sea necesario presentar demandas de manera individual.
¿Qué puede pasar ahora tras la decisión de Talwani?
En teoría, la Administración está obligada a acatar las órdenes de un juez de distrito, y estas deben ser respetadas a menos que sean apeladas y modificadas o anuladas por una instancia judicial superior.
Por lo tanto, esta decisión podría representar un rayo de esperanza para los miles de migrantes cuya situación legal pendía de un hilo. Ahora, muchos se preguntan si quienes ingresaron al país a través de la aplicación CBP One también podrían beneficiarse de alguna medida similar.
