Régimen castiga, multa y cierra a varias Mipymes

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En una serie de medidas recientes que han causado controversia y malestar entre los emprendedores cubanos, el gobierno ha cerrado múltiples micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), además de imponer fuertes multas por violaciones de tarifas y precios. Estas acciones se enmarcan en un intento por controlar la inflación y regular los precios en medio de una economía altamente volátil, reseña el portal Cubadebate.

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ha implementado topes de precios en productos esenciales como el pollo, aceites comestibles, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas. Estos precios máximos, establecidos por la Resolución 225/2024, buscan mitigar el impacto de la inflación en los consumidores al limitar los costos de adquisición y comercialización, fijando un margen de ganancia máximo del 30% sobre estos gastos.

Sin embargo, el gobierno también revocó la decisión de implementar estos topes un día antes de su entrada en vigor programada, lo que generó confusión y frustración entre los comerciantes. La justificación para la reversión parece centrarse en los desafíos presentados por la fluctuación del mercado cambiario, la presión fiscal, y la escasez de combustible, que complican la estabilidad de los precios.

Además, se han impuesto multas severas que oscilan entre 5,000 y 15,000 pesos para aquellos que violen las nuevas regulaciones de precios. Estas sanciones abarcan desde no exhibir las tarifas de productos y servicios, hasta vender productos a precios considerados abusivos o especulativos según la ley​. En un esfuerzo por asegurar el cumplimiento de estas normativas, el régimen ha desplegado cerca de 7,000 inspectores encargados de monitorear y hacer cumplir los topes de precios impuestos y ha pedido a los propios ciudadanos que denuncien las irregularidades que vean.

El cierre de 15 Mipymes por irregularidades subraya la rigurosidad con la que el gobierno está actuando. Estos cierres, según los reportes, están motivados por la necesidad de ajustarse a normativas estrictas en un entorno económico ya de por sí complicado para los emprendedores​.

Además, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en Cuba ha intensificado sus acciones contra la evasión fiscal, afectando directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a los trabajadores por cuenta propia. Hasta la fecha, 15 Mipymes han sido cerradas por irregularidades en la contabilidad y 323 cuentapropistas han perdido sus licencias, ya sea temporal o definitivamente. Además, se han embargado 2,253 cuentas bancarias.

Se destacan casos notorios como el de Diplomarket, conocido como el Costco cubano, cuyo cierre en junio fue motivado por acusaciones de evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos contra sus propietarios. En el contexto más amplio de La Habana, se han denunciado 24 casos de evasión fiscal este año, de los cuales nueve han llevado a denuncias formales.

A nivel nacional, el problema de la evasión fiscal es considerable, con más de 162 millones de pesos identificados solo hasta junio como ingresos no reportados. Además, se han emitido 210 informes de denuncias en el primer trimestre del año, aunque solo seis han culminado en sentencias firmes, evidenciando una lentitud en el proceso judicial.

La Onat también ha revelado técnicas de evasión fiscal que incluyen la falta de registros contables adecuados, la no declaración de todos los empleados, y tácticas más sofisticadas utilizadas por algunas Mipymes para reducir sus obligaciones tributarias. Esto subraya la necesidad de mayor diligencia y reformas en el sistema de gestión y recaudación de impuestos en Cuba.

Reacciones

La comunidad empresarial ha reaccionado con inquietud y descontento. Los representantes de las Mipymes han expresado su preocupación en reuniones con funcionarios gubernamentales, indicando que las políticas actuales podrían ser contraproducentes, exacerbando la inflación ‘reprimida’ y el desabastecimiento, en lugar de aliviar los problemas económicos del país​.

Este conjunto de medidas ha sido percibido por muchos como un paso atrás en el esfuerzo por fomentar el emprendimiento y la autonomía económica en Cuba, en un momento en que la isla necesita desesperadamente innovación y crecimiento económico. La situación subraya la tensión entre las necesidades de regulación del gobierno y las realidades del mercado que enfrentan las Mipymes en su día a día.

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