Este conjunto de medidas ha sido percibido por muchos como un paso atrás en el esfuerzo por fomentar el emprendimiento y la autonomía económica en Cuba, en un momento en que la isla necesita desesperadamente innovación y crecimiento económico. La situación subraya la tensión entre las necesidades de regulación del gobierno y las realidades del mercado que enfrentan las Mipymes en su día a día.
Existe preocupación sobre el impacto en las relaciones laborales y la percepción pública, considerando que algunos críticos ven a los inspectores como un método de represión.
