Presión Política sobre inmigrantes indocumentados. Hay rumores de un parole in place para los que están dentro

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Presiones desde el ala izquierda de su partido, podrían presionar políticamente al presidente norteamericano Joe Biden para que contemple una nueva estrategia de inmigración, y los rumores de un parole in place sobrevuelan el edificio más importante de Washington: la Casa Blanca (con perdón del Capitolio)

La iniciativa se produce en un contexto de críticas intensificadas hacia su enfoque fallido sobre la crisis en la frontera sur, pero que podría resultar en la amnistía para casi un millón de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos; entre los que se encuentran no pocos criminales y esbirros infiltrados de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Así que, en medio del caos, lo que se especula como muy posible es que Biden beneficie con un Parole in Place a los que ya entraron.

Y, ¿qué pasa con los que están fuera esperando para entrar?

La semana pasada, Biden firmó una orden ejecutiva destinada a limitar la capacidad de los inmigrantes indocumentados para solicitar asilo en la frontera sur.

Sin embargo, la acción ni siquiera logró frenar el flujo de migrantes en la frontera.

Su inefectividad fue criticada por el partido republicano, y como es «normal» en estos casos, hasta enfrenta una amenaza inmediata de demanda por parte de grupos de derechos civiles.

Tal vez en ese sentido, para mitigar a los defensores de los derechos de los inmigrantes, es que la Casa Blanca estaría considerando implementar un «parole in place»; aunque no para todos.

Fox News señala que es para cónyuges de ciudadanos estadounidenses que se encuentran ilegalmente en el país; un mecanismo similar al que disfrutan familiares de miembros del servicio militar de EE.UU., protegiéndolos de la deportación y otorgándoles permisos de trabajo.

Sin embargo, estas propuestas de «parole» no están exentas de controversia y enfrentarían resistencia significativa. Críticos como Robert Law del America First Policy Institute argumentan que dichas medidas representan un «abuso» de la autoridad de «parole» para ofrecer «amnistía» a los inmigrantes ilegales, subrayando que deberían seguirse los procesos legales establecidos.

Para muchos parece claro que esta medida podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones de noviembre; especialmente teniendo en cuenta que Biden tiene una baja aprobación en temas relacionados con la crisis fronteriza.

Sin embargo, extender el «parole» podría ser un punto de inflexión para ganar apoyo en estados decisivos como Arizona y Nevada, aunque no en la Florida.

La administración Biden admite a más de 1,500 personas al día en los puertos de entrada mediante la aplicación CBP One, además de 30,000 al mes para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

¿Le parece alto el número? ¿Bajo? Pues bien, alto o bajo, la crisis en la frontera es real, y el Secretario de Defensa Nacional Alejandro Mayorkas ha admitido que no hay capacidades operativas en la frontera para aumentar la cantidad de citas diarias; y que debido a la reciente medida tomada por Biden, hay una mayor demanda de este mecanismo que pretende organizar y controlar el flujo migratorios.

El proceso a través de CBP One ha demostrado ser lento y problemático, especialmente en el tema «conectividad». Aquellos que lo logran son infinitamente menos a los que lo intentan, y no pocos de esos que reciben el “permiso humanitario” y se les programa una fecha para presentarse ante una corte migratoria donde pueden solicitar asilo, son figuras que en el pasado ejercieron un labor política-ideológica represora en sus países de orígenes, que los descataría automáticamente para el ingreso, pero que a los oficiales de Inmigración les resulta difícil detectar.

Actualmente, en espera de CBP One se encuentra una fiscal cubana, conocida represora en Camagüey, quien pretende entrar a los Estados Unidos; tal vez para hacerle compañía a la jueza «Melody», la fiscal represora que fue detectada a su entrada a los EE.UU. en Tampa, a finales de mayo y quien tendrá una cita ante un juez de inmigración a finales de julio para explicar su miedo creíble y cómo castigó severamente a cuatro jóvenes, incluso dos menores de edad, en juicios efectuados en el 2022 en Cuba.

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