El poder concentrado en Elon Musk dentro del gobierno de Trump ha generado un panorama inédito en la política estadounidense.
Mientras el DOGE sigue reestructurando agencias gubernamentales y redefiniendo el flujo de recursos federales, la incertidumbre crece sobre los límites reales de su autoridad.
La reciente acumulación de poder de Elon Musk dentro del gobierno de Donald Trump ha generado una ola de alarma en el ámbito político y entre defensores de derechos civiles.
Su nuevo rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una entidad creada bajo la administración Trump con el supuesto objetivo de reducir el gasto público, ha desembocado en decisiones radicales que ponen en jaque la estabilidad de agencias clave como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento del Tesoro, y de eso se hacen eco hoy, algunos de los principales diarios y medios estadounidenses.
La desmantelación de USAID: un experimento de poder
Desde el anuncio de la eliminación de USAID, los efectos han sido inmediatos y devastadores.
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Esta agencia, con más de 10,000 empleados y presencia en más de 60 países, ha sido instrumental en la entrega de ayuda humanitaria y el fortalecimiento de democracias en todo el mundo. Sin embargo, el cierre abrupto de sus operaciones y la repatriación masiva de su personal han generado una crisis diplomática sin precedentes, señala CBS News.
Musk, quien ha calificado a USAID como «irreparable», ha liderado un esfuerzo por centralizar el control de las agencias gubernamentales bajo el DOGE. Según The New York Times (2025), miembros de su equipo irrumpieron en la sede de USAID para modificar su infraestructura tecnológica y acceder a información clasificada, lo que provocó un enfrentamiento con la dirección de seguridad de la agencia. Esto derivó en que altos funcionarios fueran colocados en licencia obligatoria y que los empleados fueran bloqueados de sus cuentas gubernamentales.
El terremoto con la USAID ha llegado hasta Cuba, pues la mayoría de los periodistas independientes que se dedican a desmontar mediante investigaciones rigurosas, todo el aparato comunicacional del Estado cubano, operan con esos fondos.
Al respecto, la activista Saily González al compartir un post del periodista cubanoamericano Mario J. Pentón, donde este recogía que «la decisión (…) golpea directamente a activistas prodemocracia en países autoritarios», señalaba lo siguiente:
«Las organizaciones cubanas que documentan violaciones a los derechos humanos en la isla y las presentan en espacios internacionales para contrarrestar el afán normalizador del mundo hacia la dictadura, también se han quedado sin fondos para poder seguir haciendo su trabajo.
Los que aplauden como focas esta medida sepan que pronto, gracias a ella, no va a haber quien demuestre en esos espacios que Cuba es una dictadura.»
DOGE y la amenaza al sistema de pagos del Tesoro
El golpe más inquietante ha sido la toma de control por parte de Musk del sistema de pagos del Departamento del Tesoro, lo que le otorga acceso a la distribución de trillones de dólares en beneficios federales, incluidos los cheques de Seguridad Social y Medicare. Esto ha generado una serie de demandas judiciales y una investigación del Congreso sobre la legalidad de este acceso, recoge CBS News.
El DOGE ahora controla la Oficina del Servicio Fiscal del Tesoro, responsable de gestionar pagos por más de $6 trillones anuales. Aunque la administración ha insistido en que Musk y su equipo solo tienen «acceso de lectura», documentos internos sugieren que han intervenido en la cancelación de pagos a organizaciones como Lutheran Family Services, una ONG de asistencia a refugiados, señala por su parte CNN.
El impacto de estas medidas ha sido inmediato. El retiro de USAID y la interrupción de su financiamiento han afectado a programas en más de 100 países, poniendo en riesgo a poblaciones vulnerables que dependen de asistencia humanitaria (AP News, 2025). Además, la incertidumbre sobre el acceso de Musk a datos financieros de millones de estadounidenses ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones de privacidad y uso indebido de información personal.
El Congreso ya ha comenzado a reaccionar. Legisladores demócratas han expresado su preocupación sobre el poder sin precedentes otorgado a Musk, mientras que un informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que la administración Trump no tiene la autoridad para eliminar USAID sin la aprobación legislativa, destaca The New York Times. Sin embargo, con un Congreso dividido y una Corte Suprema con tendencia conservadora, la capacidad de frenar estas acciones aún es incierta.
El ascenso de Musk dentro del aparato gubernamental ha sido meteórico y, para muchos, alarmante. Su designación como «empleado especial del gobierno» le ha permitido operar con un nivel de autoridad sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Su influencia en la toma de decisiones, combinada con su filosofía de «destrucción creativa», ha llevado a medidas drásticas bajo la justificación de la eficiencia y la reducción de costos.
En redes sociales, Elon Musk ha defendido sus acciones con declaraciones provocadoras, como su publicación en X (antes Twitter): «Pasé el fin de semana metiendo a USAID en la trituradora de madera», indica AP News. Este tipo de mensajes han encendido las alarmas sobre el carácter autocrático de su gestión y la falta de rendición de cuentas en su actuar.
Con una serie de demandas en curso y una creciente presión política, el futuro de USAID, el Tesoro y otras instituciones públicas está en juego. Lo que está en discusión no es solo la eficiencia del gasto gubernamental, sino la naturaleza misma de la democracia en Estados Unidos y los riesgos de conceder poderes sin precedentes a una figura como Elon Musk.
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