Cuatro integrantes de la masonería cubana fueron condenados este jueves 5 de noviembre a penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad por realizar operaciones de cambio de divisas que, en conjunto, sumaron apenas 300 dólares. Entre los sancionados figuran el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban-Prats, actual máximo dirigente del Supremo Consejo del Grado 33, y José Ramón Viñas Alonso, su antecesor en el cargo.
La sentencia, dictada por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, llega en medio de las tensiones entre las autoridades cubanas y la dirección de esta organización fraternal. Aunque oficialmente se trata de un caso de tráfico ilegal de divisas, los acusados rechazan haber cometido un delito y denuncian que el proceso busca apartarlos de sus responsabilidades dentro de la masonería.
Cuatro condenas por operaciones de cambio vinculadas a un asilo de ancianos
José Ramón Viñas Alonso, antiguo soberano gran comendador y presidente del Patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó, recibió la sanción más severa: cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos cubanos.
Fernando Marcos García, contador de la institución, fue condenado a tres años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos. Por su parte, Ángel Santiesteban-Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat recibieron dos años de limitación de libertad y multas de 20.000 pesos cada uno.
Estas penas no suponen, por sí mismas, el ingreso en prisión. Sin embargo, el tribunal también impuso a los cuatro condenados restricciones de derechos, prohibición de abandonar el territorio nacional e inhabilitación para ejercer cargos u oficios.
El origen del proceso resulta especialmente llamativo por las cantidades involucradas. La acusación se basa en dos operaciones realizadas entre septiembre de 2023 y junio de 2025, cuando se intercambiaron dólares pertenecientes al Asilo Nacional Masónico Llansó utilizando la cotización del mercado informal.
En la primera transacción, Ángel Santiesteban-Prats entregó 49.600 pesos cubanos a cambio de 200 dólares. En la segunda, Osvaldo Ernesto Villegas Digat intercambió 37.500 pesos por otros 100 dólares.
Según la defensa, la primera operación permitió obtener moneda nacional para comprar leche en polvo destinada a los ancianos del asilo, mientras que la segunda estuvo relacionada con la necesidad de Villegas Digat de adquirir un medicamento para su hijo.
Los abogados sostuvieron que las transacciones quedaron registradas en la contabilidad de la institución y solicitaron la absolución de los cuatro acusados. El tribunal, sin embargo, consideró que se había cometido el delito de tráfico ilegal de divisas.
Los condenados denuncian presiones de la Seguridad del Estado
Tras conocer la sentencia, Ángel Santiesteban-Prats aseguró que el desenlace judicial respondía a advertencias anteriores de oficiales de la Seguridad del Estado. Según su testimonio, les habían planteado la posibilidad de abandonar sus cargos y salir del país, o enfrentar consecuencias penales.
El escritor negó haber reconocido responsabilidad delictiva y cuestionó las pruebas presentadas durante el juicio. Viñas Alonso también denunció que había recibido presiones para retirarse de la dirección masónica.
Las acusaciones de motivación política no proceden únicamente de los implicados. La organización de asesoría jurídica Cubalex cuestionó que un expediente relacionado con operaciones por 300 dólares fuera investigado por una estructura especializada en delitos contra la Seguridad del Estado.
También señaló que la acusación contra Santiesteban incluía referencias a sus opiniones políticas y a su oposición al sistema cubano, elementos que, según la organización, no deberían utilizarse para valorar una presunta infracción económica.
El caso tiene otro antecedente significativo. El pasado 26 de septiembre, Ángel Santiesteban-Prats fue elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, en sustitución de Viñas Alonso, durante una reorganización interna marcada por los desacuerdos con las autoridades.
Una sentencia en medio de la crisis de la masonería cubana
La condena representa un nuevo episodio en un conflicto que se ha extendido durante meses y que incluye disputas por el reconocimiento de dirigentes, decisiones administrativas del Ministerio de Justicia y denuncias de interferencia estatal.
Cuballama había informado anteriormente sobre la designación de la jueza Zamira Marrero Morgado para el proceso contra los cuatro masones. La magistrada había participado recientemente en el caso judicial contra la joven cubana Anna Bensi y su madre, condenadas a penas de limitación de libertad.
Las diferencias entre la masonería y las instituciones estatales tampoco comenzaron con este expediente. En julio de 2025, un documento del Ministerio de Justicia que invalidaba una elección interna de la Gran Logia volvió a alimentar las denuncias de intromisión gubernamental.
Ahora, las consecuencias del enfrentamiento alcanzan directamente a dos hombres que han ocupado la máxima responsabilidad del Supremo Consejo del Grado 33, además de otros dos integrantes vinculados al funcionamiento de su asilo de ancianos.
La sentencia todavía no es firme y podrá ser recurrida en apelación ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, una vez que las partes reciban la notificación escrita. Mientras tanto, los cuatro masones enfrentan restricciones de libertad y de derechos por unas operaciones de cambio cuyo valor total fue de 300 dólares en casi dos años.
