De juzgar a una joven influencer por publicar un video en redes sociales a decidir sobre el destino de cuatro masones involucrados en el cambio de apenas 300 dólares. La jueza Zamira Marrero Morgado vuelve a ser protagonista de un proceso judicial que ha despertado preocupación entre activistas cubanos, esta vez por las posibles condenas contra dirigentes de una de las organizaciones fraternales más antiguas de la Isla.
La magistrada, quien a principios de octubre impuso una sanción de dos años de limitación de libertad a Anna Bensi y su madre, ha sido designada para presidir el juicio contra cuatro integrantes de la masonería. El caso se produce en medio de las disputas que desde hace meses mantienen representantes de esa institución con las autoridades cubanas.
La periodista independiente Camila Acosta alertó sobre la participación de Marrero Morgado en el proceso y expresó sus dudas acerca de las garantías judiciales que tendrán los acusados. La inquietud no se limita a su intervención en el caso Bensi, sino también a sus antecedentes en tribunales relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021.
¿Cómo terminaron cuatro masones ante la justicia por 300 dólares?
La acusación gira alrededor de dos intercambios de moneda efectuados entre septiembre de 2023 y junio de 2025. En ambos casos, el dinero en dólares pertenecía al Asilo Nacional Masónico Llansó, una institución dedicada a atender a personas mayores.
En la primera operación, realizada el 14 de septiembre de 2023, el escritor Ángel Santiesteban-Prats entregó 49.600 pesos cubanos a cambio de 200 dólares del asilo. Casi dos años después, el 13 de junio de 2025, Osvaldo Ernesto Villegas Digat realizó un intercambio similar: 37.500 pesos por 100 dólares.
Para la Fiscalía, estas operaciones constituyen un presunto delito de tráfico ilegal de divisas porque se hicieron utilizando la cotización del mercado informal. Los implicados, sin embargo, rechazan que se tratara de una actividad delictiva y aseguran que existían razones concretas para efectuar los cambios.
Según la defensa, el dinero obtenido en la primera transacción permitió comprar leche en polvo para los ancianos. En la segunda, Villegas Digat necesitaba los dólares para adquirir un medicamento para su hijo, mientras que la institución recibía pesos cubanos que podía utilizar en sus gastos.
Los cuatro encausados son José Ramón Viñas Alonso, antiguo máximo dirigente del Supremo Consejo del Grado 33; Ángel Santiesteban-Prats, actual soberano gran comendador; Fernando Marcos García, contador del asilo; y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
La Fiscalía pide cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos para Viñas Alonso. Para Marcos García solicita tres años y 20.000 pesos, mientras que Santiesteban-Prats y Villegas Digat enfrentan peticiones de dos años de limitación de libertad y multas de 20.000 pesos cada uno.
El abogado Roberto Ortega Ortiz ha solicitado la absolución de todos. Su argumento principal es que los intercambios tuvieron lugar dentro de la institución y que las circunstancias descritas no justifican una condena penal.
Una magistrada que acaba de condenar a Anna Bensi
Zamira Marrero Morgado preside el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, donde el pasado 1 de octubre se celebró el juicio que terminó con la condena de Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente.
La joven creadora de contenido y su madre fueron declaradas culpables después de grabar y difundir la visita de un agente del Ministerio del Interior que había acudido a su domicilio para entregar una citación. Ambas recibieron dos años de limitación de libertad, una decisión que provocó numerosas críticas.
El expediente también dejó una controversia sobre la explicación ofrecida por las autoridades judiciales. Una revisión de las imágenes que dieron origen al caso Bensi puso en duda la afirmación oficial de que durante la grabación se había mostrado la dirección particular del agente.
Además, Marrero Morgado ha sido identificada por organizaciones independientes como integrante de tribunales que procesaron a manifestantes del 11J. Entre esos procedimientos figuran causas relacionadas con las protestas de La Güinera, en las que se dictaron condenas de hasta 30 años de prisión.
Aunque esos antecedentes no permiten anticipar el resultado del juicio contra los masones, explican por qué la designación ha generado preocupación entre quienes siguen el caso.
La masonería cubana y un conflicto que no termina
La situación judicial de los cuatro acusados coincide con una etapa especialmente difícil para la organización masónica. Durante los últimos años, las diferencias sobre quiénes deben dirigir sus instituciones han terminado involucrando al Ministerio de Justicia y a otros organismos estatales.
Uno de los protagonistas de esas disputas ha sido José Ramón Viñas Alonso, cuyo reconocimiento como máxima autoridad del Supremo Consejo fue cuestionado por las instituciones oficiales. En septiembre, la fraternidad decidió renovar su dirección y eligió al escritor Ángel Santiesteban-Prats como soberano gran comendador.
El conflicto también ha incluido decisiones administrativas sobre la legitimidad de elecciones internas. En julio de 2025, un documento del Ministerio de Justicia sobre la Gran Logia de Cuba alimentó las denuncias de interferencia gubernamental en asuntos propios de la institución.
Camila Acosta, quien además es pareja de Santiesteban-Prats, considera preocupante que una jueza vinculada a otros procesos polémicos esté al frente de este expediente. Su denuncia añade visibilidad a una causa que, aunque formalmente se refiere a dos operaciones de cambio de moneda, se desarrolla en un contexto de profundas tensiones institucionales.
Los acusados permanecen sujetos a medidas cautelares mientras esperan el juicio. Por ahora, no hay una sentencia en su contra, pero sí peticiones fiscales que podrían restringir su libertad durante varios años por unas transacciones cuyo valor conjunto fue de 300 dólares.
