Tres jovenes cubanos que viajaron a Miami por el proceso de parole humanitario fueron devueltos a Cuba luego de que un oficial de Inmigración del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les negara la entrada a Estados Unidos.
Juan Pablo González, su novia y su hermano habían recibido la aprobación de viaje a través de la aplicación CBP One, pero cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami fueron apartados del grupo y tras horas de espera les comunicaron que tendrían que regresar a la isla.
Este martes, el abogado Mayron D. Gallardo explicó que aparentemente hubo una confusión porque el nombre del patrocinador de los jóvenes coincide con el de otra persona que no tiene estatus legal en Estados Unidos, lo cual no lo haría elegible para participar en el programa de parole.
En declaraciones al periodista Mario J. Pentón, el letrado que lleva el caso de los tres cubanos precisó que sus permisos de viaje siguen activos pero les pusieron un cuño de “parole no valido” en sus pasaportes, por lo que apelará a las autoridades.
Aclaró que los oficiales de CBP son quienes autorizan la entrada a Estados Unidos de los beneficiarios del programa establecido por la Administración Biden y recordó que estos actúan a discreción tras revisar cada caso.
González dijo a Telemundo que no pudieron reclamar la decisión ni les permitieron llamar a su patrocinador para esclarecer el caso porque les quitaron el teléfono celular.
“Lo peor es la incertidumbre de no saber qué pasó, de no saber si se puede solucionar. No nos dieron ninguna información durante cinco horas de por qué nos habían apartado del resto. Uno se asusta porque nosotros somos personas de bien, nunca hemos tenido problemas», dijo el joven.
En enero pasado el gobierno del presidente Joe Biden aprobó la inclusión de los cubanos, nicaragüenses y haitianos en un programa de parole humanitario que hasta ese momento sólo beneficiaba a los inmigrantes de Venezuela.
La medida frenó casi en seco la llegada de inmigrantes irregulares de esos cuatro países a través de la frontera del país norteamericano con México, aunque provocó malestar de las autoridades de una veintena de estados bajo administración republicana que a solo semanas del inicio del programa interpusieron una demanda judicial para ponerle fin.
