Un cargamento de 24 toneladas de ayuda humanitaria, proporcionado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, arribó este lunes a La Habana desde Panamá.
El donativo está destinado a las familias afectadas en la provincia de Artemisa, la más golpeada por el huracán Rafael en noviembre pasado.
Así lo reveló el oficialista Canal Caribe, detallando que el envío incluye lámparas solares, kits de higiene, utensilios de cocina y tabletas purificadoras de agua, que serán distribuidos a unas 2.000 familias a partir del miércoles, según informó Luis Calero, jefe de operaciones de la Cruz Roja Cubana. Además, se prevé la llegada de más cargamentos en los próximos meses, con insumos como colchones, tanques de agua y mosquiteros.
La ayuda internacional no se limita a este envío. Diversos organismos como la Unión Europea, la ONU y UNICEF, así como países como México, Brasil, Venezuela y Japón, han contribuido con recursos para mitigar los efectos de los recientes desastres naturales en Cuba, incluidos los huracanes Óscar y Rafael. La Unión Europea, por ejemplo, ha destinado más de tres millones de euros en asistencia para la isla.
Las dudas sobre la distribución efectiva de estos recursos.
Sin embargo, persisten las dudas sobre la distribución efectiva de estos recursos, debido a la desorganización en la fiscalización dentro de los organismos cubanos.
Medios independientes cubanos han reportado como, recientemente, se comercializaron productos donados, como cabezas de ajo provenientes del gobierno chileno, por algunas Mipymes de La Habana.
Esta situación no es aislada. En 2021, se denunció que medicamentos y equipos médicos donados para combatir la pandemia de COVID-19 terminaron en clínicas privadas y farmacias, en lugar de ser distribuidos en hospitales públicos.
Asimismo, tras el huracán Irma en 2017, se reportó la venta de ropa, alimentos y artículos de higiene personal enviados por la diáspora cubana y organizaciones no gubernamentales en mercados locales y tiendas estatales, en lugar de entregarse a los afectados.
La población ha expresado su indignación ante estas prácticas, utilizando redes sociales y medios alternativos para denunciar la corrupción y el abuso de poder que afectan a los más necesitados.
Estas denuncias ponen en entredicho la transparencia y eficacia en la distribución de la ayuda humanitaria en Cuba, generando preocupación sobre si los recursos llegan realmente a quienes más los necesitan.
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