José Francisco Fuente lo tiene claro: no quiere ser deportado ni encadenado, y mucho menos terminar en una cárcel en El Salvador. Este venezolano, beneficiario del parole humanitario que la administración Trump acaba de revocar, ha comenzado una carrera contrarreloj para marcharse de Estados Unidos antes del 24 de abril, fecha límite impuesta por el gobierno. Su caso, aunque individual, refleja el dilema de miles: ¿cómo irse del país sin dejar atrás propiedades, cuentas bancarias y otros activos adquiridos con esfuerzo?
“Yo entré legalmente. Vine a estar aquí dos años, a trabajar, a vivir con dignidad. Ahora me dicen que me tengo que ir, y sin nada”, explica José, quien llegó a Miami en marzo de 2024 y asegura que no le queda familia cercana en Venezuela. Su hijo ya busca boletos de avión, pese a que los vuelos directos entre ambos países fueron suspendidos hace tiempo. La logística para regresar se complica, pero más complicado aún es decidir qué hacer con todo lo que ha logrado construir en tan poco tiempo.
El limbo legal de los bienes
La eliminación del parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos fue publicada oficialmente en el Registro Federal. Esto significa que quienes no tengan solicitudes de ajuste de estatus, TPS, asilo político, peticiones familiares o de empleo en trámite, deberán abandonar Estados Unidos en menos de un mes o enfrentar deportaciones expeditas.
El problema no es solo migratorio. Muchas de estas personas adquirieron casas, abrieron cuentas bancarias, compraron autos, comenzaron negocios. ¿Qué pasa con todo eso ahora?
Según el abogado de inmigración Ismael Labrador, no todo está perdido… pero sí incierto. “Con respecto a las casas, las personas que son ‘homeowners’ pueden mantener su hogar. Nada obliga a vender o entregar la propiedad. Ahora, otra cosa es cómo se va a gestionar desde el extranjero”, señaló. En otras palabras: el título puede seguir a nombre del migrante, pero sin estar presente físicamente, cualquier transacción o trámite se vuelve mucho más complicado.
¿Y las cuentas bancarias?
“Los bancos son instituciones privadas”, recuerda Labrador. “Habrá que ver cómo deciden actuar frente a clientes que ya no residen legalmente en el país”. Hasta ahora, no existe una orden federal que obligue a los bancos a congelar o cerrar cuentas automáticamente. Pero tampoco hay garantías de que no lo hagan.
Es decir, si alguien se va del país sin antes haber cerrado sus cuentas, traspasado fondos o autorizado a un tercero para gestionarlas, podría perder el acceso a su dinero, especialmente si se encuentra en una nación con restricciones bancarias como Venezuela o Cuba.
Permisos de trabajo y empleo
Los permisos de trabajo emitidos bajo el programa tampoco se revocan de inmediato. La abogada Rosaly Chaviano explicó que USCIS debe enviar notificaciones formales por escrito anunciando la revocación de cada permiso. Sin embargo, mientras esa carta llega, muchos empleadores ya han comenzado a suspender o despedir a empleados que estaban bajo parole.
Una de las grandes preocupaciones de José, además de su dinero y su casa, es su empleo. “Ya me dijeron que en cuanto expire mi permiso, no puedo seguir trabajando. ¿Y cómo me mantengo estos días? ¿Qué hago mientras tanto?”, se lamenta.
¿Autodeportación o salida voluntaria?
Algunos llaman “autodeportación” a lo que está haciendo José, pero según los abogados, el término no es correcto. “Estas personas no tienen aún una orden de deportación. Técnicamente están haciendo una salida voluntaria para evitar consecuencias migratorias más graves en el futuro”, aclaró Chaviano.
Salir por cuenta propia ahora podría ser la única forma de evitar una marca negativa en el historial migratorio, lo cual sería clave si en el futuro se logra reactivar algún programa o se aprueba un nuevo perdón.
El futuro, en pausa
Más de 530 mil personas llegaron a EE.UU. con parole humanitario, y ahora, de un plumazo, están al borde del abismo legal. Más de 20 mil cubanos, por ejemplo, podrían quedar en el limbo hasta poder aplicar a la Ley de Ajuste. Mientras tanto, deben decidir: ¿me voy y dejo todo? ¿O me arriesgo a ser deportado?
José, por su parte, ya empacó. “Estoy vendiendo lo poco que tengo. Regalando otras cosas. No quiero dejar ni un centavo aquí. Lo que más me duele es irme como si hubiera hecho algo malo, cuando vine legalmente y solo trabajé y respeté las reglas”.
La otra cara de las deportaciones no se ve en los aeropuertos ni en los tribunales, sino en los bancos, en las casas vacías, en los pequeños negocios que cierran y en los sueños congelados. Una realidad que golpea a miles, mientras la batalla legal por el parole sigue sin resolverse.
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