La política migratoria estadounidense registra un giro radical en sus dinámicas de fiscalización. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ejecutó alrededor de 2,2 millones de medidas de control desde el 20 de enero de 2025, abarcando desde la cancelación de permisos hasta el inicio de procesos de expulsión.
Las cifras, impulsadas bajo la gestión del secretario Markwayne Mullin, multiplican casi por siete lo registrado en los dos años previos. «El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense que las leyes de inmigración serían aplicadas, y estas cifras reflejan la magnitud de ese compromiso. Asegurar la frontera fue solo el comienzo», afirmó el funcionario sobre estas acciones, que corren paralelas a los operativos del Departamento de Estado y las deportaciones de ICE.
El volumen total incluye la suspensión del TPS para 1,04 millones de ciudadanos de 13 países, rechazos en solicitudes de extensión de estatus, la emisión de Notificaciones de Comparecencia (NTA), el fin de las prórrogas automáticas para permisos de trabajo y el cierre de programas de parole como el CHNV. Aunque la agencia no detalla la cifra final de deportados, la emisión de una NTA marca el arranque formal de un proceso en corte.
Este escenario impacta de manera directa a la comunidad cubana en Estados Unidos. Tras el cierre del parole CHNV en marzo de 2025 y el término del programa de Reunificación Familiar en diciembre —frenado temporalmente por un fallo judicial en enero de 2026—, los solicitantes enfrentan un terreno legal cada vez más reducido. A esto se suma el fallo que descartó al formulario I-220A como vía para la Ley de Ajuste Cubano y una caída nacional del 76 % en las aprobaciones de ciudadanía, que en Miami pasaron del 87 % al 68 %.
El rol de la agencia también cambió en el plano operativo. Desde septiembre de 2025, una norma autorizó a agentes de USCIS a portar armas y realizar arrestos, documentándose detenciones durante citas de huellas y entrevistas. En paralelo, organizaciones civiles demandaron la «Unlawful Voter Initiative», un plan activado en agosto para investigar la naturalización de votantes en estados como Florida, donde residen unos 691,000 votantes de origen cubano.
Ante el aumento de investigaciones, como la demanda reciente del Departamento de Justicia para despojar de la ciudadanía a 40 personas o la propuesta del congresista Randy Fine de revisar naturalizaciones, los especialistas sugieren asistir a las citas con representación legal. La alerta coincide además con la condena en Tampa de cinco cubanos por fraude en trámites de asilo, donde cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por falsas asesorías.
