El comisionado de Miami, Joe Carollo, ha respondido con audacia a la reciente orden de un tribunal federal que dictaminó la confiscación de sus bienes, como respuesta legal que busca hacer cumplir una sentencia de $63.5 millones de dólares en su contra, obtenida tras un largo juicio en la ciudad de Miami y dictaminada el pasado mes de junio. La decisión del tribunal federal ahora ha provocado una reacción contundente por parte de Carollo.
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Carollo ha declarado públicamente que no se arrepiente de su conducta como oficial electo, alegando su honestidad y dedicación al servicio público. Su respuesta a la orden de confiscación ha sido que «lo único que me pueden quitar son los calzoncillos», una declaración que intenta simbolizar su firme creencia en su inocencia y en la justicia.
La orden de confiscación, emitida por un tribunal federal, es el resultado de un largo proceso legal que ha puesto a Carollo en el centro de una controversia significativa. La suma de $63.5 millones representa una cantidad considerable, y la decisión de confiscar sus bienes subraya la gravedad del caso.
La demanda que lo llevó a la situación actual fue impuesta por dos empresarios que lo acusaron de intentar destruir sus negocios como represalia política. Tras varios días de debate, el jurado concluyó que Carollo violó los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes y como compensación ordenó les pagase más de 63 millones de dólares.
Martín Pinilla y Bill Fuller, los propietarios de Ball & Chain, alegaron daños y perjuicios, en un caso que ha alcanzado gran relevancia por cuanto involucra al comisionado de la ciudad, quien según el documento expresa, actuaba en una especie de banda “criminal”, junto con el administrador de la ciudad Art Noriega, la abogada de la ciudad “Tricky” Vicky Méndez, el alcalde Francis Suárez y el comisionado recientemente arrestado Alex Díaz de la Portilla; “quienes parecen saber sobre entre ellos actividades corruptas y criminales y, sin embargo, se unen para protegerse unos a otros mientras se aprovechan de los ciudadanos de Miami”, dice el documento.
Precisamente el alcalde de Miami, Francis Suarez, otro que está siendo investigado presuntamente por ejercer su influencia y recibir pagos por ello dijo:
«Yo hablé con el Comisionado esta mañana y él me indicó que nadie había ido a su casa para tratar de capturar o ejecutar algo en contra de un juramento».
Carollo, en un comunicado enviado a Telemundo 51, declaró:
«Si sangre es lo que quieren de mí, con mucho gusto les pongo mis dos brazos para que escojan el que prefieran y saquen mi sangre. Pero si lo que prefieren es paredón para mí, que me dejen saber en cuál pared de Miami lo quieren ejecutar.
He estado de rehén por los últimos siete meses, esperando que la corte emita su fallo en varias peticiones que por ley federal tenemos que presentar antes de poder apelar. Una vez que la corte dé respuesta es que podremos apelar».
