La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre prácticas en las misiones médicas cubanas que podrían constituir trabajo forzoso u obligatorio y, en determinados casos, reunir elementos de trata de personas. El organismo reconoce la contribución sanitaria de las brigadas, pero documenta denuncias de retención de salarios, jornadas extensas, restricciones de movimiento, confiscación de pasaportes y temor a represalias.
Las condiciones laborales de miles de médicos y otros profesionales sanitarios enviados por Cuba al extranjero enfrentan un nuevo nivel de escrutinio internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicaron en abril un amplio informe dedicado específicamente a los derechos laborales del personal sanitario cubano en misiones internacionales.
El documento reconoce primero una realidad que frecuentemente queda fuera del debate político: numerosos países receptores consideran estas misiones una herramienta importante para llevar servicios médicos a comunidades con escasez de profesionales.
Pero la CIDH concluye que existen prácticas que podrían constituir violaciones de derechos laborales y advierte sobre indicios de coacción, amenazas o temor a represalias.
Entre las situaciones examinadas aparecen niveles insuficientes de remuneración, retenciones de ingresos, jornadas laborales prolongadas y asignación de funciones ajenas al trabajo sanitario.
El organismo también recopiló testimonios sobre restricciones de movilidad y control sobre los documentos personales. De acuerdo con información de organizaciones civiles incorporada al informe, entre 1.185 testimonios recogidos entre 2019 y 2023, aproximadamente 40% dijo que su pasaporte había sido retenido y solo 23,88% aseguró haber recibido algún documento o copia sin plena validez legal.
La CIDH expresa preocupación porque algunas de esas prácticas, cuando se combinan, podrían configurar situaciones de trabajo forzoso. También señala que, en circunstancias concretas, podrían concurrir elementos propios de la trata de personas.
Esa formulación es importante: el informe no afirma que toda misión médica cubana constituya trata ni que todos los profesionales sean víctimas de trabajo forzoso.
El análisis distingue entre la utilidad sanitaria de los programas y las denuncias sobre la forma en que algunos trabajadores son contratados, remunerados y supervisados.
La investigación cubrió experiencias procedentes de 109 misiones internacionales, aunque muchas de las personas entrevistadas habían trabajado en Venezuela. Se trata de una red desplegada históricamente en más de 165 países y mezclaba datos de diferentes organismos, demandas judiciales y organizaciones civiles.
La evidencia más sólida disponible actualmente proviene de la CIDH y de una investigación separada del British Institute of International and Comparative Law.
El instituto británico analizó 48 acuerdos bilaterales relacionados con misiones médicas cubanas suscritos con 19 gobiernos o autoridades receptoras.
El estudio identifica problemas relacionados con opacidad contractual, derechos laborales, remuneraciones y control sobre los profesionales. Las denuncias sobre el porcentaje del salario retenido varían según país, misión y contrato.
Por eso no resulta apropiado afirmar que Cuba retiene sistemáticamente “85%” en todas las misiones, como sugería parte del material inicial. Ese porcentaje aparece en determinados informes y experiencias, pero no constituye una regla uniforme documentada para todos los acuerdos.
El Gobierno cubano rechaza las acusaciones de trabajo forzoso y sostiene que las misiones son programas voluntarios de cooperación internacional que han permitido atender a millones de personas y generar ingresos utilizados para financiar el sistema sanitario de la isla.
También acusa a Estados Unidos de utilizar las denuncias laborales con fines políticos para presionar a gobiernos extranjeros a cancelar contratos con personal cubano.
La CIDH recomienda a Cuba garantizar contratos claros, participación plenamente voluntaria, remuneración digna, libertad de circulación y derecho de retorno. También pide a los países receptores que asuman responsabilidad sobre las condiciones de los profesionales que trabajan dentro de su territorio.
El debate ya no gira únicamente alrededor de si las brigadas cubanas ayudan a cubrir déficits de médicos. La cuestión internacional creciente es en qué condiciones trabajan quienes integran esas brigadas y qué controles deben exigir los gobiernos que contratan sus servicios.
Fuentes
CIDH / OEA.
British Institute of International and Comparative Law.
