Un exinstructor de la academia de Immigration and Customs Enforcement (ICE) aseguró ante un foro congresional que la agencia recortó formación “vital” para sus nuevos oficiales y que luego presentó una imagen engañosa ante legisladores. La denuncia, divulgada por The Washington Post y replicada por otros medios, llega mientras ICE incrementa contrataciones y amplía su capacidad operativa en el marco de nuevas prioridades federales.
El testimonio atribuye los recortes a un adelgazamiento del plan docente: de un programa que antes rondaba las 72 jornadas a uno de alrededor de 42 días, con cientos de horas eliminadas en materias sensibles como seguridad con armas, uso legal de la fuerza, procedimientos de detención y límites constitucionales. El exinstructor, identificado por el Post como Ryan Schwank, afirmó además que se le indicó enseñar criterios polémicos sobre entradas a viviendas mediante “warrants” administrativos, una práctica que, según él, choca con protecciones de la Cuarta Enmienda.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió rechazando la premisa central: sostuvo que el total de horas no se redujo y que la formación incluye instrucción exhaustiva sobre derechos constitucionales y normas policiales. Aun así, el episodio encendió alarmas políticas porque el testimonio del exinstructor cae en un momento en que la credibilidad pública de DHS/ICE está golpeada por casos recientes con muertes, y porque en varios de esos casos la versión inicial oficial terminó cuestionada o contradicha por registros externos, videos o solicitudes FOIA.
El más citado en esta ola es el de Renée Nicole Good, una madre de Minneapolis que murió el 7 de enero de 2026 tras recibir disparos de un agente de ICE durante una operación migratoria. El episodio generó protestas, pedidos de investigación y un debate nacional sobre uso de la fuerza, además de críticas por el lenguaje oficial usado para justificar la actuación.
Pocas semanas después, también en Minneapolis, murió Alex Pretti, un enfermero de 37 años, abatido el 24 de enero de 2026 por agentes federales vinculados a Customs and Border Protection (CBP), en el marco de la misma dinámica de despliegues y enfrentamientos. ProPublica identificó a los dos agentes implicados a partir de registros gubernamentales y subrayó la negativa inicial de la agencia a divulgar detalles, alimentando el reclamo de transparencia.
En paralelo, The Economist describió “grietas” en la institución, con énfasis en el crecimiento presupuestario y el debate sobre controles y responsabilidades cuando el Estado incrementa sus capacidades coercitivas. Ese marco ha servido de gasolina para que grupos civiles y algunos legisladores pidan auditorías independientes, revisión del currículo y transparencia sobre protocolos de empleo de fuerza, especialmente en operaciones en áreas residenciales.
Detrás del choque público hay una disputa de fondo: si una agencia que opera en un terreno legal y político tan tenso puede acelerar su expansión sin degradar estándares. Los críticos sostienen que el problema no es solo de horas, sino de cultura institucional y supervisión. DHS insiste en que la capacitación es integral y que la agencia cumple la ley. El Congreso, mientras tanto, parece encaminado a convertir esa discusión en un pulso formal de documentos, comparecencias y responsabilidades administrativas.
