El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 16 funcionarios venezolanos acusados de obstaculizar un proceso electoral justo y competitivo en el país sudamericano. Entre los sancionados se encuentran líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como miembros de las fuerzas militares y de inteligencia.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro a través de un comunicado, responde a las continuas violaciones de derechos humanos y civiles por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Estos funcionarios fueron designados por Maduro y, según la OFAC, han jugado un papel clave en la represión y manipulación electoral en Venezuela.
Entre los sancionados destacan Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ, y otros jueces de alto rango, además de figuras del CNE como Rosalba Gil Pacheco y Antonio José Meneses, responsables de la organización electoral que ha sido fuertemente criticada por la oposición venezolana y la comunidad internacional.
Como resultado de estas sanciones, los activos de los funcionarios que se encuentren en territorio estadounidense serán congelados, y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos. Además, se ha impuesto una restricción de visas a otros individuos vinculados al régimen chavista por su papel en la represión y corrupción electoral.
Según el Departamento de Estado, cerca de 2,000 personas han sido objeto de restricciones similares en los últimos años debido a su participación en la erosión de la democracia venezolana.
Piden que el FBI investigue a Bad Bunny por una posible inversión de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en la carrera del artista.
Mientras tanto, una nueva controversia ha surgido en torno al cantante puertorriqueño Bad Bunny, después de que la candidata al Senado por el distrito de Humacao, Nina Valedón Santiago, solicitara al FBI que investigue una posible inversión de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en la carrera del artista.
Según Valedón, existe una presunta inversión de dos millones de dólares en la empresa Rimas, que gestiona la carrera del cantante, proveniente de figuras relacionadas con el régimen venezolano.
Valedón advirtió sobre el riesgo que representa la participación de fondos extranjeros en el sistema financiero de Puerto Rico y Estados Unidos, en especial cuando estos fondos provienen de regímenes considerados opresivos.
La candidata hizo hincapié en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para proteger la democracia en su país, comparando la situación con otros casos de interferencia extranjera en procesos políticos.
Por su parte, Bad Bunny y su equipo aún no han emitido una declaración pública al respecto.
Sin embargo, la denuncia de Valedón ha generado reacciones dentro del Partido Popular Democrático (PPD), con algunos miembros distanciándose de las afirmaciones de la candidata.
El presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, aclaró que las declaraciones de Valedón son personales y no representan la postura oficial del PPD, mientras que el exrepresentante Héctor Ferrer criticó la denuncia, calificándola como un intento de obtener atención mediática.
Este caso ha encendido un debate sobre la influencia de figuras públicas en la política puertorriqueña, justo cuando se aproximan las elecciones.
La controversia sobre Bad Bunny y sus supuestos vínculos con personas del régimen venezolano plantea preguntas sobre la interferencia extranjera en Puerto Rico y subraya la importancia de la transparencia en las finanzas tanto en el sector privado como público.
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