Entró ya en vigor la prohibición de viaje para ciudadanos de decenas de países, entre ellos Cuba y Venezuela.

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A partir de las 00:01 horas de este lunes 9 de junio, ha entrado oficialmente en vigor una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso total a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y establece severas restricciones migratorias para otros siete, incluyendo a Cuba y Venezuela. Esta prohibición de viaje, conocida como «Travel Ban», ha comenzado desde antes, incluso, a dar dolores de cabeza.

La medida de la prohibición de viaje marca un nuevo capítulo en la política migratoria del mandatario republicano, quien ya durante su primer mandato impuso vetos similares, entonces centrados en países de mayoría musulmana. Aquella política fue revertida por el presidente Joe Biden en 2021, pero ahora, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, el veto ha sido reinstaurado, ampliado y reformulado con base en supuestas preocupaciones de seguridad nacional.

Los doce países cuyos ciudadanos no podrán ingresar bajo ninguna categoría de visa son: Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen.

En tanto, otras siete naciones enfrentan restricciones parciales o selectivas, según el tipo de visa: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Esto significa que los ciudadanos de estos últimos países podrán seguir ingresando al país bajo ciertos programas migratorios, pero verán vetadas otras vías como solicitudes de visa de turista (B1/B2), trabajo temporal (H1B), o ciertos programas humanitarios.

La orden de la prohibición de viaje incluye algunas excepciones notables:

  • No afectará a quienes ya sean residentes permanentes legales (green card holders).
  • Tampoco a ciudadanos de los países afectados que tengan doble nacionalidad y usen el pasaporte de otro país no incluido en el veto.
  • Se contemplan exenciones para ciertos atletas participantes en eventos internacionales, menores adoptados por familias estadounidenses, y refugiados que hayan colaborado con EE.UU. en guerras o misiones diplomáticas, como es el caso de afganos que trabajaron con las tropas estadounidenses.

No obstante, abogados de inmigración alertan que la implementación de esta prohibición de viaje dependerá de oficiales consulares y de frontera, lo cual podría generar arbitrariedad o discriminación.

Justificación: seguridad nacional y control migratorio

Trump argumentó que esta política de la prohibición de viaje o Travel Ban, es necesaria “para mantener fuera del país a personas con intenciones maliciosas” y alegó que muchos de los países afectados “carecen de mecanismos confiables de verificación documental, colaboran poco con Estados Unidos en materia de inteligencia, o presentan altos niveles de permanencia ilegal en territorio estadounidense”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al canciller alemán Friedrich Merz, Trump aseguró: “Francamente, queremos mantener fuera a la gente malintencionada. Esta política debió haber comenzado antes, pero las prioridades internas y las decisiones judiciales lo demoraron”.

El mandatario también invocó el ataque con arma blanca ocurrido la semana pasada en Boulder, Colorado, como un ejemplo de por qué era necesario “tomar medidas drásticas”.

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Cuba y Venezuela: casos particulares. Reacciones internacionales desde otros países.

Aunque Cuba y Venezuela no figuran entre los países con prohibición total, su inclusión en la lista de restricciones parciales ha sido vista por muchos como una decisión política, más que de seguridad nacional.

Desde Miami, líderes de la comunidad cubanoamericana, activistas de derechos humanos y abogados migratorios han criticado la medida por su potencial impacto en familias que esperan la reunificación. “Esto va a congelar muchos casos pendientes. Las familias quedarán en el limbo por años”, declaró el abogado Ángel Leiva, quien representa a decenas de solicitantes de visa familiar desde Cuba.

Del lado venezolano, la medida afecta especialmente a quienes planeaban emigrar por vías regulares desde terceros países, muchos de ellos desde Colombia y México.

“Trump está mezclando migración, política exterior y campaña electoral”, denunció desde Houston la activista Yadira Hidalgo, de la Fundación Alianza por Venezuela.

Varios países afectados ya han respondido con protestas formales. Chad, por ejemplo, anunció que suspenderá temporalmente la emisión de visas a ciudadanos estadounidenses “como medida recíproca”.

En Haití, medios locales y líderes comunitarios denunciaron el veto como una “humillación diplomática”. El alcalde de North Miami, Alix Desulme, calificó la medida como “una afrenta directa a comunidades que han contribuido enormemente al desarrollo de este país”.

Por su parte, la Unión Africana y Amnistía Internacional emitieron comunicados denunciando la política como “discriminatoria” y “cercana a un apartheid migratorio”. En declaraciones a la prensa, un portavoz de Human Rights Watch sostuvo que “Trump continúa utilizando la política migratoria como arma política, sacrificando derechos humanos en el camino”.

Críticas desde dentro de EE.UU.

En Nueva York, Boston, Chicago y Los Ángeles se registraron protestas durante la mañana del lunes, algunas de ellas encabezadas por asociaciones de inmigrantes, defensores de derechos civiles y agrupaciones religiosas.

También se han alzado voces desde el Congreso. El senador demócrata Dick Durbin tachó la orden de “xenófoba y jurídicamente cuestionable”, y prometió que su bancada intentará frenar su ejecución mediante mociones legales.

En contraste, legisladores republicanos como Josh Hawley y Marjorie Taylor Greene celebraron la medida y la calificaron como “una restauración del orden y el control de nuestras fronteras”.

¿Qué sigue? Reunificación familiar en pausa: el golpe silencioso a miles de familias

Todo apunta a que esta nueva versión del veto migratorio sobrevivirá durante más tiempo que la de 2017. Aquella fue bloqueada parcialmente por tribunales federales y modificada varias veces, hasta ser anulada por Biden. Pero los asesores legales de Trump aseguran que esta nueva orden ha sido cuidadosamente redactada para resistir demandas, y está basada en datos y recomendaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

A esto se suma un efecto colateral particularmente doloroso para muchos cubanos y venezolanos: la interrupción de múltiples procesos de reunificación familiar, incluso en casos en que los reclamantes ya son residentes permanentes legales en Estados Unidos.

Según reportó Telemundo 51, la nueva orden ejecutiva implica que solo podrán continuar su curso los trámites de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses: cónyuges, padres e hijos menores de 21 años. Pero los hijos adultos solteros o casados, así como los hermanos de ciudadanos, verán sus casos suspendidos indefinidamente.

Es el caso de Lianet Llanes, una madre cubana residente en Estados Unidos que, tras años de espera, vio cómo la entrevista consular para su hija de diez años fue cancelada sin fecha prevista. “Es como si te echaran un cubo de agua sucia encima”, dijo a Telemundo. Su hija, emocionada con la idea de emigrar, había empezado a estudiar inglés, a planear su nueva vida escolar en EE.UU., y ahora guarda silencio.

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano, también consultada por el medio, explicó que la proclamación no afecta a quienes ya poseen una visa válida, pero sí paraliza nuevas entrevistas y aprobaciones para categorías fuera del círculo familiar inmediato. En la práctica, esto deja a miles de personas en un limbo migratorio: casos aprobados, pero sin posibilidad de ejecución.

El Departamento de Estado justificó la medida alegando que tanto Cuba como Venezuela no cooperan plenamente con la verificación de antecedentes de los inmigrantes, un argumento que ya había sido utilizado por administraciones anteriores para frenar procesos consulares, pero que ahora cobra un nuevo nivel de severidad.

Llanes, con la voz entrecortada, lo resume así: “Hoy hablo por todos los padres residentes que llevan años esperando. Me haré ciudadana en dos años, pero serán dos años más sin mi hija”.

Sin embargo, organizaciones civiles ya preparan recursos legales, especialmente por el impacto que tendrá en peticiones familiares, visas de reunificación y programas humanitarios como el parole.

Mientras tanto, miles de personas en todo el mundo —desde familias cubanas esperando reunirse en Miami hasta jóvenes afganos varados en Islamabad— enfrentan desde hoy un nuevo muro, invisible, pero efectivo.

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