Las comunidades migrantes en Estados Unidos enfrentan un clima de creciente temor debido a la intensificación de las políticas de deportación bajo la administración de Donald Trump. La implementación de la «Operación Safeguard» ha provocado una serie de redadas y detenciones que afectan profundamente la vida cotidiana de miles de familias.
En Washington D.C., la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado una atmósfera de inseguridad. Familias como la de Josué y Xiomara, con casi dos décadas en el país y dos hijas nacidas en EE.UU., viven con el temor constante de ser detenidos.
«Ayer no pude ir por mis hijas a la escuela. Tuve que mandar a otra persona porque la situación estaba bien difícil», relató Xiomara al canal de noticias Univisión.
Las redadas recientes han provocado que muchas familias, como las de las ya mencionadas de Josué (mexicano) y Xiomara (salvadoreña), se encierren en casa y tomen precauciones extremas para evitar la deportación.
En redes sociales circulan fotos y reportes sobre agentes migratorios en mercados, edificios y restaurantes. La cajera Consuelo relata cómo los negocios hispanos han perdido clientela por el temor a operativos. Incluso algunas escuelas como Mundo Verde han organizado una especie de «cordón humano» de padres para impedir el ingreso de agentes migratorios.
Univisión confirmó que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional visitaron al menos tres restaurantes solicitando documentación laboral, aunque no llevaban órdenes judiciales y se trató, en apariencia, de «visitas amables». Sin embargo, tanto trabajadores como dueños lo perciben como una forma de acoso.
Para muchos migrantes, esta ola de operativos es aún más intimidante que durante la administración Trump. La familia de Josué y Xiomara, como tantas otras, vive en tensión constante, preparando escenarios ante una posible separación. Como concluye Xiomara: “los que sufren son los niños”, dijo.
En Massachusetts, Daniel Orellana, un joven guatemalteco de 25 años sin antecedentes penales, fue detenido por ICE mientras se dirigía a su trabajo. Su familia asegura que fue una confusión, pero Daniel permanece detenido en una cárcel migratoria en Plymouth. «No es justo que él esté atravesando esto y que lo traten como un delincuente», expresa su padre, Arquímedes Orellana.
En Miami, la deportación de Alían Méndez Aguilar, un cubano de 28 años con conducta ejemplar, ha dejado a su esposa e hija de tres años en EE.UU. A pesar de haber solicitado asilo político, fue repatriado a La Habana debido a una orden de deportación emitida en 2020, señala AméricaTevé.
Casos similares, como el de Heydi Sánchez, madre cubana deportada dejando a su hija lactante en EE.UU., han generado indignación y llamados a revisar estas políticas.
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El caso de Maikelys Antonella Espinoza Bernal
Hay casos más extremos aún, como es el caso de Maikelys Antonella Espinoza Bernal, una niña venezolana de dos años que fue separada de sus padres tras la deportación de ambos desde Estados Unidos. El caso ha generado una fuerte controversia internacional y críticas hacia las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
Maikelys ingresó a EE.UU. en mayo de 2024 junto a sus padres, Yorely Bernal y Maiker Espinoza, quienes huyeron de Venezuela buscando una vida mejor. Al llegar, fueron detenidos por las autoridades migratorias debido a tatuajes que consideraron sospechosos, aunque no presentaban antecedentes penales. La niña fue separada de sus padres y enviada a un hogar de acogida bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
En marzo de 2025, Maiker fue deportado a El Salvador y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que Yorely fue enviada a Venezuela en abril. A pesar de que se le aseguró que su hija viajaría con ella, Maikelys no fue incluida en el vuelo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la separación alegando que los padres eran miembros del grupo criminal Tren de Aragua, sin presentar pruebas concretas.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han criticado la falta de debido proceso y la separación forzada de familias migrantes. Actualmente, Maikelys permanece en un hogar de acogida en EE.UU., sin una fecha clara para su reunificación familiar.
Este caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y la protección de los derechos de los niños en situaciones de deportación, y no queda claro de qué manera encajan aquí las declaraciones dadas por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien a raiz del modo en que se manejó el caso de la cubana Heydi Sánchez Tejeda expresó:
“Nos tomamos en serio la responsabilidad de proteger a los niños y seguiremos trabajando con las autoridades para asegurarnos de que los menores estén seguros y protegidos”.
Si esto es en serio…
Las afectaciones económicas
La intensificación de las deportaciones también ha afectado la economía local. Negocios latinos, como salones de belleza y restaurantes, han experimentado una disminución significativa en su clientela. «Lo que está pasando ahora es incluso peor que la covid. Entonces la gente se ponía mascarilla y venía. Ahora no quieren ni salir de su casa», comenta Daysi García, dueña de un salón de belleza en Maryland.
El Distrito de Columbia ha dejado de definirse como «ciudad santuario» debido a presiones del gobierno federal y amenazas de recortes presupuestarios. La alcaldesa Muriel Bowser ha cambiado su postura, señalando que el término es «engañoso». Este cambio refleja la vulnerabilidad de las ciudades frente a las políticas migratorias federales y la presión ejercida por la administración actual.
