El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, siglas en inglés) emitió una orden que finaliza la prohibición a sus aerolíneas de realizar vuelos a otros aeropuertos cubanos aparte del de La Habana, medida restrictiva que databa de la administración del ex presidente Donald Trump, y su política de presión al gobierno de la isla mediante la reducción drástica de los nexos comerciales, sociales y culturales entra ambas naciones.
Dichas prohibiciones vetaban a los vuelos comerciales y chárters de compañías estadounidenses como American Airlines, JetBlue, o Southwest, aterrizar en los aeropuertos internacionales de las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara, Camagüey, Holguín, Manzanillo y Santiago de Cuba, así como a los de los destinos turísticos de Cayo Coco y Cayo Largo.
Solo se autorizaba el arribo excepcional de cargas humanitarias a la isla a través de estos aeropuertos, y el propio número de vuelos chárters al Aeropuerto Internacional José Martí de la capital, estaba igualmente limitado a una determinada cifra.
El paquete de 12 medidas aprobadas el pasado 16 de mayo por la administración Biden incluye tal revocación, que se vuelve efectiva esta semana, ampliando las posibilidades de viajar a Cuba desde los Estados Unidos y viceversa, sin que los habitantes de todo el territorio tengan ya que dirigirse a La Habana para reservar y volar.
En venideras jornadas deben entrar en vigor otras de estas medidas, que incluyen el Programa de reunificación de la Familia cubana, los viajes educativos y culturales de ciudadanos estadounidenses a Cuba, la ampliación de servicios consulares de la Embajada en La Habana para las visas de inmigrante, así como la suspensión del límite de 1000.00 dólares estadounidenses cada tres meses impuesto a las remesas por parte de la administración Trump.
Según el Secretario de Estado Antony Blinken, dichas medidas fueron tomadas “en respaldo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”, aunque ha encontrado la oposición manifiesta de congresistas republicanos como Marco Rubio, Rick Scott, Jim Risch, Bill Cassidy y Ted Cruz, que acusan a Biden y su gabinete de replicar la política de deshielo del ex presidente Barack Obama.
