Cubanos con I-220A oran porque Biden firme Ley Ejecutiva para que Trump no los deporte

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¿Podrá Trump deportar a los inmigrantes cubanos o no, tal y cómo prometió? Si Biden los «regulariza» ¡menudo «regalito» que le hará a Donald Trump.

Pero, ¿puede una nueva administración en los Estados Unidos revocar una ley ejecutiva firmada por el mandatario saliente?

Por estas horas son miles los cubanos que están orando y rezando porque el actual mandatario norteamericano Joe Biden instruya al Departamento de Seguridad Nacional y a su máximo funcionario, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, para que regularice a todos los migrantes que entraron al país y que en fronteras se les dio el documento conocido como I-220A. También son miles los que están orando y rezando para que aquellos que entraron con Parole Humanitario, de manera legal, puedan regularizarse a tiempo.

En general todos, o casi todos aspiran a que el saliente Biden, antes de dejar la Silla Oval agarre papel y pluma y firme una orden ejecutiva que los ampare. En sentido general muchos considerarían una victoria a la legalización de su status migratorio en los Estados Unidos pero… ¿bastaría esto?

Digámoslo de otro modo: ¿Una ley ejecutiva firmada por el mandatario saliente basta como ley que deberá ser respetada por el mandatario entrante?

Por más que les pese a muchos, que Joe Biden antes de irse de la Casa Blanca regularice a los cientos de miles de cubanos que tienen I-220A, no constituye para nada una absoluta seguridad pues una nueva administración en los Estados Unidos puede revocar o modificar órdenes ejecutivas firmadas por un mandatario saliente.

Si bien en sentido general se respeta, decisiones que involucren la Seguridad Nacional – como la entrada casi sin supervisión de millones de migrantes por la frontera en los últimos cuatro años – puede ser objeto de escrutinio y una posterior revocación.

Cubanos con I-220A. Después de años, siguen en limbo migratorio

Es preciso tener en cuenta que, cubanos con I-220A, las órdenes ejecutivas no son leyes aprobadas por el Congreso, sino directivas emitidas por el presidente para gestionar el funcionamiento del gobierno federal. Como tales, pueden ser rescindidas, reemplazadas o modificadas por un presidente entrante sin la necesidad de aprobación legislativa.

Este proceso es común y ha sucedido varias veces en la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Donald Trump revocó varias órdenes ejecutivas emitidas por su predecesor, Barack Obama, y el presidente Joe Biden hizo lo mismo con varias de las órdenes ejecutivas de Trump al asumir el cargo en 2021.

Sin embargo, si la orden ejecutiva ha sido respaldada por una ley del Congreso o afecta políticas más amplias protegidas por leyes, el proceso de revocación podría requerir más que solo una firma presidencial y podría enfrentar desafíos legales.

Y en este sentido, una Ley como la de Ajuste cubano podría jugar su papel. En todo caso, la deportación de los migrantes, requeriría un proceso de aceptación del otro lado, y ya sabemos que en determinados casos, como en el de Damián Valdés Galloso, el presunto asesino de El Taiger, La Habana se ha negado a recibirlos.

Por estas horas está siendo muy comentada la «petición» hecha por el influencer cubano José Ernesto González, conocido como Carnota, quien pidió recientemente al presidente electo Donald Trump que deje “tranquilos” a los cubanos con formularios I-220A.

Carnota, quien llegó a EE. UU. de manera irregular en 2022 y fue liberado bajo un I-220A, instó a Trump a no deportar a aquellos en su situación, sino a permitirles permanecer en el país y progresar.

Sin embargo, su petición resulta insuficiente, pues en lugar de pedir que simplemente no los deporten, debió abogar por que Trump acepte y regularice a estos migrantes, permitiéndoles optar por la residencia permanente. El I-220A es un parole condicional que no ofrece una vía clara hacia la legalización, lo que deja a miles de cubanos en un limbo migratorio.

Mientras algunos internautas defendieron a Carnota, recordando que muchos cubanoamericanos también llegaron de forma irregular, otros criticaron la hipocresía de pedir restricciones migratorias tras haber sido beneficiados por una situación similar. La preocupación es mayor dado que Trump prometió redadas masivas y deportaciones, lo que amenaza tanto a los beneficiarios de CBP One y del parole humanitario como a aquellos bajo I-220A.

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Por mucho que les pueda molestar a algunos, Carnota no pinta ni da color en los EE.UU. Más importante y decisiva pudiera ser la labor que en este sentido desarrollan y desarrollen los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, quienes han desempeñado un papel activo en la defensa de los migrantes cubanos que poseen el formulario I-220A, buscando soluciones para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En especial María Elvira Salazar.

En enero de 2024, la congresista María Elvira Salazar, junto con sus colegas Morgan McGarvey y Debbie Wasserman Schultz, envió una carta al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, solicitando que se otorgue un «parole in place» a los migrantes cubanos con I-220A, asegurando que esta medida permitiría a estos individuos ser elegibles para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

María Elvira Salazar ha expresado en diversas ocasiones su compromiso con la causa de los cubanos con I-220A. En agosto de 2024, afirmó estar trabajando para que estos migrantes puedan solicitar la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, anticipando «nuevos desarrollos en septiembre».

La reelección de los congresistas cubanoamericanos, como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, refuerza su capacidad para influir en las políticas migratorias que afectan a la comunidad cubana, pues su presencia en el Congreso les permite impulsar leyes que faciliten la regularización del estatus migratorio de los cubanos con I-220A, mediante la capacidad que tienen de influir en las decisiones del DHS y otras agencias gubernamentales mediante solicitudes formales y declaraciones públicas.

Mejores posibilidades tendrían en este sentido si logran – y es factible hacerlo – movilizar el apoyo bipartidista, pues al colaborar con colegas de ambos partidos, pueden aumentar las posibilidades de éxito en sus iniciativas.

De todas maneras, deportar a miles de inmigrantes requiere un gasto enorme; pero de eso estaremos hablando en un próximo trabajo.

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