El régimen en Cuba da otro paso en su propósito de silenciar las voces que en redes sociales piden cambios y organizan protestas
A este paso en Cuba será delito hasta respirar: ahora el régimen pretende controlar hasta límites insospechados lo que los ciudadanos pueden publicar en redes sociales.
Repasemos el entramado del Decreto-Ley No 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico” y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”, y veamos hasta dónde quieren llegar con las nuevas regulaciones.
La justificación de este decreto-ley, según lo publicado en la Gaceta Oficial este martes, es: «salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil; y para defender los logros alcanzados por nuestro Estado Socialista».
Orden interior y estado socialista dicen, cuando lo real es garantizar que no se mueva ni una sola de las estructuras del castrismo, en el poder desde 1959.
En la Sección Segunda -De los derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones/TIC- se tipifican como deberes:
- impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos
- no usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público
Más adelante en la Sección Tercera, se lee que los operadores y proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones tienen el deber de brindar a las instituciones vinculadas a la Seguridad y la Defensa Nacional y el Orden Interior de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior y al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil las facilidades técnicas y los servicios que requieran.
Con la entrada en vigor de este nuevo decreto ley, quienes gobiernan Cuba determinan que pueden «suspender, en coordinación con las autoridades competentes, el servicio o terminar el contrato de los usuarios que utilicen los servicios contratados para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios, que genere acoso, que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz, la integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública, el respeto al orden público o como medio para cometer actos ilícitos, con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho».
El anexo II del decreto-ley 35 tipifica lo que se denomina como incidentes de ciberseguridad, y se valora cuál es su nivel de peligrosidad para las autoridades cubanas.
De acuerdo con lo aparecido en la Gaceta Oficial, por ejemplo, hacerse eco mediático de noticias falsas que dañen el «prestigio del país», se considera como de alta peligrosidad. Igualmente el «incitar a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público».
Para el régimen hay otro tipo de delito, «pretender alterar el orden público o promover la indisciplina social» con peligrosidad muy alta.
Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones de la isla (MINCOM), admitió en conferencia de prensa que «aunque Cuba no cuenta con contrato de servicios con las plataformas de redes sociales por causa del bloqueo, sí puede registrar y notificar dichas violaciones».
Puede leer también: Senadores de EEUU quieren proporcionar internet al pueblo cubano
