La violencia en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes en 2024, reflejando un deterioro social que muchos observadores atribuyen a la normalización de la violencia en todas sus formas, incluyendo la violencia política. Este fenómeno ha llevado a un aumento significativo en los feminicidios reportados, con 35 casos documentados hasta agosto de este año, según los registros de organizaciones independientes como Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas.
La escalada de feminicidios en la isla no puede ser vista de manera aislada. La violencia de género es solo una manifestación más de una sociedad que ha sido moldeada por décadas de represión, donde la agresión se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. Según el escritor cubano Ernesto Pérez Chang, la violencia en las calles y barrios de Cuba es una consecuencia directa de la violencia política que ha sido aceptada como «normal» en el país. Pérez Chang argumenta que la cultura de violencia instaurada por el régimen ha permeado todos los aspectos de la vida cubana, creando un entorno en el que la vida humana tiene poco valor.
Frases como «entre marido y mujer nadie se debe meter», se transmite de generación en generación, propiciando que incluso, en casos de golpizas en espacios públicos, nadie intervenga. En lugares como una Unidad de la PNR, son frecuentes escuchar «consejos» de los oficiales a madres abusadas por sus maridos: «Arréglate con él, que es el padre de tus hijos». Todo eso, a la larga, propicia los feminicidios.
Feminicidios en Cuba
El caso más reciente de feminicidio que ha conmocionado a la nación es el asesinato de Lianet Núñez Pérez, una joven de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura en La Habana Vieja.
Este crimen, que aún no ha sido resuelto pues el culpable no ha sido detenido, fue calificado como feminicidio por las organizaciones de derechos humanos debido a la brutalidad del ataque y la disposición del cuerpo en un espacio público. Este tipo de violencia extrema es un reflejo de una sociedad en la que la agresión se ha convertido en una respuesta común a los problemas cotidianos.
El asesinato múltiple en Ceballos, Ciego de Ávila, ocurrido el 24 de agosto, es otro ejemplo de la creciente violencia en la isla. En este caso, dos mujeres, un niño y un adolescente fueron brutalmente asesinados en lo que parece haber sido un robo. Aunque este crimen no fue clasificado como feminicidio, las organizaciones que monitorean la violencia de género en Cuba identificaron elementos de violencia de género en el caso, incluyendo la violencia vicaria, donde el perpetrador usa la violencia como un medio para ejercer control y poder sobre las víctimas.
El cuádruple asesinato en Ceballos o cómo al régimen le interesa quedar bien.
El reciente cuádruple asesinato ocurrido en Ceballos, Ciego de Ávila, ha puesto en evidencia no solo el alarmante nivel de violencia que sacude a Cuba, sino también la respuesta apresurada del régimen para intentar controlar el daño y calmar la creciente indignación popular. El crimen, en el que murieron dos mujeres y dos menores de edad durante un robo en sus hogares, ha provocado una ola de repudio en las redes sociales, donde los cubanos han expresado su frustración y exigido justicia ante la creciente inseguridad.
Tras el brutal asesinato, la respuesta oficial no se hizo esperar. En un comunicado escueto y carente de detalles, el periódico Invasor, medio oficialista, informó sobre el hecho y dijo que las autoridades estaban investigando el horrendo crimen. Luego, en otra nota igual de escueta, informó sobre la captura del autor del crimen por parte de las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) de Ciego de Ávila.
La presión social parece haber forzado a los perfiles oficialistas a actuar. Páginas como «Con Todos La Victoria», conocidas por su defensa del régimen, publicaron notas celebrando la «efectividad» de la Policía en la captura del autor del crimen, presentando la rápida resolución del caso como una prueba de la competencia del gobierno en mantener el orden.
Estas páginas a menudo se dedican a exaltar el trabajo de la policía en la solución de delitos de poca monta, tales como robos de celulares o trasiego de mercancías. Para demostrar «apoyo y seguimiento», utilizan a las llamadas «ciberclarias», para que dentro de la publicación hagan finta de ser un pueblo agradecido de sus llamados «héroes de azul».
Sin embargo, ni aún así, logran calmar las críticas, porque lo importante no es la solución del caso, sino prevenir que estos delitos ocurran, y muchos cubanos cuestionan cada vez más la seguridad en la isla, señalando que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes y que la respuesta de las autoridades es a menudo tardía y limitada; y que a menudo parecen más interesados en no permitir que opositores salgan de sus casos. El caso reciente del arresto de Jorge Fernández Era, quien tenía apostados debajo de su casa tres vehículos policiales, con al menos cuatro agentes encargándose de él, lo demuestra.
Este episodio ocurrido en Ceballos, también ha dejado al descubierto un patrón preocupante en la gestión del régimen: la tendencia a minimizar o encubrir la gravedad de la situación de seguridad en Cuba.
Aunque el gobierno cubano ha intentado proyectar una imagen de control y eficacia, la realidad es que la violencia está en aumento, y la respuesta oficial suele ser más reactiva que proactiva.
Este incidente en Ceballos no es un hecho aislado. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) y el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 han documentado un preocupante incremento en la criminalidad en la isla, con un aumento del 111% en los asesinatos, un 290% en las agresiones y un 208% en los robos en el primer semestre de 2024.
El régimen, que ha demostrado una notable eficacia en reprimir a los disidentes y críticos, parece incapaz o poco dispuesto a enfrentar el creciente problema de la violencia criminal. La aparente prioridad de las autoridades es mantener una fachada de seguridad y orden, aunque esto implique manipular la información y subestimar la gravedad de la situación.
El cuádruple asesinato en Ceballos ha dejado claro que la inseguridad en Cuba no es un problema que pueda ser ignorado o minimizado con comunicados oficiales y capturas apresuradas.
La indignación popular ante la violencia desenfrenada es un síntoma de un malestar más profundo en la sociedad cubana, uno que no puede ser silenciado con simples gestos de control de daños por parte del régimen. Los cubanos exigen justicia real, transparencia y un compromiso genuino por parte de las autoridades para garantizar su seguridad; y mientras el gobierno continúe priorizando la apariencia sobre la sustancia, la violencia seguirá siendo una amenaza latente en la isla.
Más allá de las cifras oficiales de feminicidios y no
Las cifras oficiales y los informes de las organizaciones independientes muestran un panorama sombrío para las mujeres en Cuba. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una organización oficialista, reportó que más de 16.000 mujeres y niñas viven en situaciones de violencia en la isla.
A pesar de este reconocimiento, muchas críticas han sido dirigidas a la FMC por su falta de acción efectiva. Aunque la FMC ha anunciado la creación de un registro de seguimiento y monitoreo de feminicidios, las organizaciones independientes critican que estas medidas son insuficientes y llegan tarde, considerando la gravedad del problema.
La violencia en Cuba no es solo un problema de género; es un síntoma de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos.
Como señala Pérez Chang en su texto, no habrá solución a la violencia en las calles y barrios si no se aborda la violencia política que ha sido aceptada como parte de la vida cotidiana en Cuba. La represión sistemática, la falta de justicia y la impunidad han creado un ambiente en el que la violencia se ve como una forma legítima de resolver conflictos. Incluso los padres «aconsejan» a sus hijos que en la escuela, si alguien abusa de él, que le meta; que se faje.
La falta de transparencia y la inacción del gobierno cubano frente a los feminicidios y otros actos de violencia solo han exacerbado la situación. Las autoridades han intentado minimizar el problema, utilizando terminología oficialista como «femicidio» en lugar de «feminicidio» para describir estos crímenes, lo que ha sido criticado por grupos de la sociedad civil. Además, la falta de una Ley Integral Contra la Violencia Machista y la ausencia de protocolos de protección para mujeres en riesgo son claras evidencias de la desidia del gobierno en abordar este flagelo.
Hasta que no se aborden las raíces de esta violencia, incluyendo la violencia de estado, es improbable que se vea una mejora en la situación de las mujeres en Cuba. La sociedad cubana, como un volcán dormido, podría estar al borde de una erupción de violencia aún mayor si no se toman medidas urgentes y efectivas para frenar este ciclo destructivo.
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