Barbara, una emigrante cubana de 35 años que reside en Kentucky y cursa un embarazo de alto riesgo, teme que su hija no sea reconocida como ciudadana estadounidense. Esta preocupación surge en medio del debate en la Corte Suprema sobre una orden ejecutiva emitida por Donald Trump que busca negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
«Me asusta que mi bebé nazca sin ciudadanía. Sería como si no perteneciera a ningún país», dijo Barbara en declaraciones a la Associated Press, citada por The Times of India. Huyó de Cuba en 2022 por persecución religiosa y hoy solicita asilo político junto a su familia. Reclamar la ciudadanía cubana no es opción, asegura, porque escaparon precisamente de ese sistema.
El caso, actualmente en evaluación por el Tribunal Supremo, podría permitir que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor en al menos 27 estados si se limita la capacidad de jueces federales para emitir prohibiciones universales. Esto afectaría a familias en estados como Kentucky, que no están protegidos por demandas judiciales.
Uno de los temores es que, de aprobarse la medida, bebés nacidos el mismo día en el mismo hospital podrían tener diferente estatus legal: uno con ciudadanía y otro sin ella. La administración argumenta que los hijos de personas sin estatus legal o de permanencia temporal no estarían bajo la “jurisdicción” de Estados Unidos, y por tanto no calificarían para la ciudadanía automática según la Enmienda 14.
Barbara forma parte del Asylum Seeker Advocacy Project, uno de los grupos que ha demandado la política. El caso también tiene implicaciones para más de 500,000 personas protegidas por programas de parole humanitario y otros beneficios migratorios.
Mientras se espera una resolución final, el caso resalta la fragilidad legal en torno a los derechos de nacimiento y la posibilidad de crear una generación de apátridas en territorio estadounidense.
Un viejo sueño de Trump
Este es un viejo sueño de Trump: acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, conocidos despectivamente como “bebés anclas”. Desde 2018, el expresidente ha expresado su intención de eliminar este derecho constitucional amparado por la Enmienda 14, argumentando que es “ridículo” que alguien cruce la frontera, dé a luz en suelo estadounidense y automáticamente ese niño se convierta en ciudadano.
Trump aseguró entonces que no era necesario cambiar la Constitución para eliminar ese derecho, y que podría hacerlo mediante una orden ejecutiva o una ley del Congreso. La medida ha sido parte de un endurecimiento general de la política migratoria durante su administración, y apunta directamente a frenar el llamado “turismo de parto”: mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos para dar a luz y así asegurar el pasaporte americano para sus hijos.
Ciudades como Miami y varias en Texas se han convertido en destino frecuente de este fenómeno, en parte por la calidad del sistema de salud, pero también por razones estratégicas. Existen incluso empresas dedicadas exclusivamente a facilitar estos nacimientos, como “TenermibebeenMiami”, fundada por el doctor brasileño Wladimir Lorentz.
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Según datos de 2014, uno de cada cinco nacimientos en EE.UU. fue de madre inmigrante, y alrededor de 297,000 nacimientos anuales correspondieron a inmigrantes sin estatus legal. El objetivo de muchos padres: garantizar un futuro mejor y, eventualmente, un camino legal hacia la residencia a través del patrocinio del hijo ciudadano.
Sin embargo, este enfoque ha dividido a la opinión pública. Encuestas de 2015 y 2017 mostraron que entre el 60 y el 65% de los estadounidenses se oponían a modificar la Constitución para poner fin a este derecho, aunque entre los republicanos el apoyo a la medida era considerablemente mayor.
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