El escenario financiero en la isla vuelve a encender las alarmas de la sociedad. Este jueves, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en la provincia de Ciego de Ávila sacudió las plataformas digitales al difundir una fuerte advertencia en su espacio oficial de Facebook. El aviso va dirigido con nombre y apellido a los trabajadores por cuenta propia, a las medianas y pequeñas empresas (mipymes) y a cualquier otra modalidad del sector privado. La orden institucional exige poner fin de manera inmediata a la recurrente costumbre de cerrarle la puerta a los billetes de 5, 10 y 20 pesos cubanos (CUP), recordando que este comportamiento se traduce en una franca ilegalidad.
Aunque la declaración pública lleva la rúbrica de «BANDEC – CIEGO DE ÁVILA», sus implicaciones se extienden a lo largo y ancho del archipiélago, puesto que responde a una regulación de obligatorio cumplimiento dictada por el Banco Central de Cuba (BCC). Desde la óptica institucional, esta exclusión del efectivo menudo representa «una flagrante violación de los derechos de los ciudadanos».
Para fundamentar su postura, la banca recordó que el BCC es la máxima y única entidad facultada para dirigir la política monetaria de la nación. Bajo esa premisa, recalcaron que las piezas de menor valor «tienen pleno poder liberatorio para la compra de bienes y servicios dentro del territorio nacional», concluyendo de forma categórica que «ningún actor económico, independientemente de su forma de gestión, tiene la facultad de seleccionar qué denominaciones de la moneda oficial acepta y cuáles no».
La entidad bancaria dejó claro que aquellos comerciantes que persistan en seleccionar el dinero que reciben «estarán sujetos a las medidas administrativas y legales correspondientes». Más allá del marco punitivo, el comunicado intentó apelar a la sensibilidad social de los empresarios privados, argumentando que «Negar el efectivo en estas denominaciones lacera directamente los bolsillos del pueblo, entorpece la cotidianidad de los ciudadanos —especialmente de los sectores más vulnerables, como nuestros pensionados y trabajadores— y genera un malestar innecesario en la sociedad». El texto concluyó con una tajante demanda: «Exigimos el cese inmediato de estas conductas negativas y el respeto absoluto a la legalidad y a los derechos de nuestros clientes».
Como era de esperarse en la Cuba del 2026, la publicación encendió una intensa descarga de opiniones en el entorno virtual, donde los internautas expresaron serias dudas sobre la efectividad real de la medida. Un usuario de la red comentó con severidad que «Si es una ley, no hace falta ningún llamado de conciencia. Lo que corresponde es aplicarla sin mano blanda». Otro cibernauta prefirió apuntar sus dardos hacia la propia gestión estatal manifestando que «Si el Banco Central regula la circulación monetaria, que empiece por dar el ejemplo pagando salarios y jubilaciones a tiempo».
El termómetro del debate en las plataformas digitales dejó en evidencia una desconfianza generalizada hacia el cuerpo de supervisores estatales y la efectividad del sistema. Entre los cientos de comentarios vertidos por la comunidad, se leían quejas recurrentes donde se aseguraba que «Los inspectores son los primeros que hacen la vista gorda», que «Las leyes son selectivas: se aplican a unos sí y a otros no» y que «No es falta de leyes, es falta de voluntad para hacerlas cumplir». Otros tantos insistían en que «Aquí el problema no es el efectivo, es la mala gestión», complementando con la idea de que «Sin control real, ninguna medida va a funcionar» y que «Todo se queda en discursos, pero la realidad no cambia».
La sensación de desamparo frente a la persistente crisis fue el hilo conductor de la discusión colectiva. La amargura de la población quedó retratada en frases contundentes como «Siempre el peso cae sobre el ciudadano común», «El pueblo es el que paga las consecuencias de todo» y «Hay corrupción en todos los niveles y nadie lo quiere reconocer». El cierre del debate digital se resumió en el cansancio acumulado de la gente, con expresiones que sentenciaban que «La población está cansada de promesas», «Cada nueva medida genera más problemas que soluciones» y «No hay confianza en las medidas que anuncian».
Este fenómeno de discriminar el dinero de baja denominación en los comercios de la isla no es un asunto nuevo, sino una herida que viene sangrando desde hace tiempo. Ya en diciembre de 2024, la indignación popular se desbordó cuando una anciana jubilada, cuyo sustento mensual apenas alcanzaba los 1,600 pesos en ese entonces, fue rechazada en la conocida mipyme «El Moro» de la localidad de Alamar; el establecimiento exhibía un letrero que prohibía explícitamente recibir más de 300 pesos si el pago se realizaba con billetes de 10 y 20 CUP.
La tendencia continuó agravándose con el paso de los meses. Para diciembre de 2025, una trabajadora autónoma en el municipio habanero de Boyeros generó un fuerte malestar al negarse a recibir billetes de 5 CUP, exigiendo de forma obligatoria que cualquier transacción se efectuara con denominaciones iguales o superiores a los 100 CUP. La máxima expresión de este absurdo monetario se viralizó en abril de 2026, cuando un video mostró a un ciudadano recibiendo la suma de 200,000 pesos compuesta enteramente por billetes de 10 CUP —un gigantesco volumen de unos 20,000 billetes que en el mercado real representaban la deprimente cifra de 384 dólares—. Aquella impactante escena se convirtió en el meme de la debacle financiera, resumida de forma irónica por un usuario: «Eso se pesa, no se cuenta».
Detrás de este rechazo sistemático se esconde una devaluación sin precedentes en la historia económica del país. En el periodo comprendido entre 2020 y este 2026, el peso cubano se ha pulverizado, perdiendo más del 95% de su valor frente a la moneda estadounidense en el mercado informal, pasando de una tasa de 42 CUP por dólar a rebasar los 520 CUP. Para intentar maquillar la inflación, las autoridades pusieron en circulación en abril de 2026 los billetes de 2,000 y 5,000 pesos, las mayores denominaciones impresas en la isla en tiempos recientes.
A pesar del gran tamaño nominal de estas nuevas piezas, el billete de 5,000 CUP apenas equivale a unos escasos 10 dólares en las calles. Mientras las autoridades exigen el uso del efectivo menudo, la realidad diaria es implacable: más de la mitad de los cajeros automáticos en La Habana se encuentran fuera de servicio en este 2026, las extracciones diarias por tarjeta se han topado a un límite de 3,000 pesos, y la propia administración gubernamental de la provincia de Granma tuvo que admitir públicamente en junio que carecía de fondos líquidos para pagar las pensiones de más de 111,000 jubilados.
