Aprueban 70,000 millones para ICE y Patrulla Fronteriza; recortes al SNAP dejan sin alimentos a 3.5 millones

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El Senado de Estados Unidos aprobó la madrugada del 5 de junio la Secure America Act, una ley que asigna 70,000 millones de dólares adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. La misma semana, cifras de PBS NewsHour confirmaban que más de 3.5 millones de personas han perdido acceso al programa federal de cupones de alimentos SNAP desde que entró en vigor el One Big Beautiful Bill, firmado en julio de 2025. Dos leyes distintas. Una misma agenda. Y un contraste que ningún comunicado oficial puede disimular.

La votación fue ajustada pero contundente en su mensaje: 52 votos a favor, 47 en contra, sin un solo demócrata de respaldo. Solo la republicana Lisa Murkowski rompió filas. El resultado es una ley que entrega 38,600 millones de dólares a ICE, 22,600 millones a la Patrulla Fronteriza y financia el programa de deportaciones masivas de la administración Trump hasta 2029.

Para la comunidad cubana y latina en Estados Unidos, los números tienen un peso específico: más camas de detención, más agentes, más operativos. La capacidad de detención migratoria sube a 100,000 camas. Es la infraestructura de deportación más grande que ha tenido este país en su historia.

Lo que aprobaron con una mano

La Secure America Act no llegó sola. Llegó con un fondo de 1,800 millones de dólares que los demócratas llamaron abiertamente un «fondo discrecional» para aliados políticos del presidente, bautizado como «anti-weaponization». La senadora Murkowski, la única republicana que votó en contra, explicó su decisión a NBC News: el proyecto evade el proceso regular de asignaciones presupuestarias. Eso significa que nadie sabe exactamente cómo se van a gastar esos 1,800 millones.

El resto, los 70,000 millones, están destinados a una sola cosa: encontrar, detener y deportar inmigrantes. Con fondos garantizados hasta 2029, independientemente de quién gane las próximas elecciones.

Lo que quitaron con la otra

En julio de 2025, Trump firmó el One Big Beautiful Bill. Era un paquete diferente, más amplio: rebajas de impuestos, extensión de los recortes fiscales de 2017, fondos para el muro fronterizo. Dentro de ese paquete, casi sin ruido, viajaban requisitos más estrictos para el programa SNAP, los cupones federales de alimentos que usan millones de familias de bajos ingresos en todo el país.

El resultado, diez meses después, lo documentó PBS NewsHour con datos de Harvard: más de 3.5 millones de personas han perdido acceso a esos cupones desde que la ley entró en vigor. No son inmigrantes indocumentados en su mayoría. Son ciudadanos y residentes legales que no cumplieron los nuevos requisitos de elegibilidad o no pudieron navegar los procesos de solicitud más complicados que los estados implementaron.

Son dos leyes distintas, firmadas con meses de diferencia. Pero forman parte de la misma agenda legislativa. Y el contraste es difícil de ignorar: la misma coalición política que aprobó recortar la comida a 3.5 millones de personas acaba de aprobar 70,000 millones para deportar a otros.

En medio de todo esto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció 16 nuevas categorías de admisión para residentes permanentes vinculadas al programa Gold Card, la vía de residencia para extranjeros con alta capacidad económica que la administración Trump ha estado construyendo. Los nuevos códigos cubren solicitantes principales, empresas patrocinadoras, cónyuges e hijos, tanto desde el extranjero como en ajuste de estatus dentro del país.

El mensaje implícito es claro: si tienes dinero, hay una puerta. Si no tienes dinero y dependes de cupones de alimentos para comer, esa puerta no es para ti.

Con fondos garantizados hasta 2029 y una infraestructura de deportación sin precedentes, la política migratoria de Estados Unidos entra en una nueva fase. Para los cubanos y latinoamericanos que viven en este país, con o sin documentos, el mapa cambió. La Secure America Act no es una amenaza abstracta. Es un presupuesto con nombre, apellido y fecha de vencimiento.

Y para los 3.5 millones que perdieron sus cupones de alimentos, ninguna de estas dos leyes tiene una línea que los ayude a recuperarlo.

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