El gobierno de La Habana decidió aplicar recortes al consumo de pan de un grupo de organismos estatales como la gastronomía y los centros de educación debido al déficit de harina que sufre el país.
Durante una reunión de las autoridades de la capital cubana, el coordinador de distribución de alimentos, Julio Martínez Roque, explicó que “debido a atrasos ocurridos con el arribo del trigo y la harina, y los altos precios que tienen hoy en el mercado los servicios marítimos, se ha decidido reducir el consumo de harina en la capital”.
Precisó que en estos momentos sólo está garantizado el pan destinado a la canasta familiar normada y la población penal, así como cierta cantidad para las entidades de la salud, los hogares de ancianos, de niños sin amparo familiar y establecimientos de la Cadena Cubana del Pan.
En medio de su peor crisis económica de los últimos 30 años, el gobierno cubano decidió poner en marcha a inicios de 2021 una reforma monetaria y cambiaria para sanear las finanzas públicas y promover la industria nacional, pero la iniciativa fracasó de manera estrepitosa y no sólo incumplió su objetivo de mejorar las producciones internas para sustituir importaciones, sino que provocó un despegue de la inflación comparable a la vivida durante el llamado Período Especial de la década de 1990.
La producción de pan, que depende de la importación de la materia prima a la isla, parece ser la más reciente víctima de una fracasada política económica centralizada.
El déficit cada vez más notable clave como el arroz, la carne, el huevo y el pan, coloca a Cuba entre los países de mayor riesgo de inseguridad alimentaria en medio de la actual crisis alimentaria internacional.
Un reciente informe del Boston Consulting Group ubica a la isla junto a Haití, Guatemala y Belice como las naciones de Centroamérica y el Caribe que más fuerte sentirán el impacto de la escasez de alimentos provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania.
