El anuncio de que la administración de Donald Trump evalúa revocar el estatus de parole humanitario a unos 240,000 ucranianos ha encendido las alarmas no solo entre los afectados directos, sino también en otras comunidades migrantes que recibieron este beneficio. Si bien la medida aún no ha sido confirmada, el solo hecho de que esté sobre la mesa deja claro que el retroceso en políticas migratorias va en serio.
Y como dice el refrán: cuando veas las barbas —o las bardas— de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si el gobierno de Trump ya está considerando poner en la mira a los ucranianos que entraron bajo programas de parole durante la administración Biden, los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos podrían no estar muy lejos de recibir el mismo tratamiento.
Según Reuters, la administración actual está impulsando una revisión masiva de los permisos otorgados bajo la presidencia anterior. En el caso de los ucranianos, la medida podría significar una deportación acelerada para miles de personas que huyeron de la guerra y se establecieron en Estados Unidos con la esperanza de una vida segura. Reuters cita un correo interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que advierte que los beneficiarios del parole no tienen un límite de tiempo para ser deportados por vía expedita.
Un alto funcionario de Trump confirmó a la agencia que la decisión podría anunciarse en abril.
Consultado sobre la posibilidad de retirar este beneficio y deportar a los ucranianos, Trump respondió con su característico tono ambiguo: “No estamos buscando hacerle daño a nadie, ciertamente no a ellos. Estoy evaluando la situación”. Sin embargo, también dejó entrever que hay quienes dentro de su administración consideran que revocar el parole es la decisión correcta. “Algunos piensan que es apropiado y otros no. Tomaré una decisión pronto”, aseguró.
La medida en discusión significaría un cambio drástico respecto a la política de Biden, que facilitó la entrada de estos migrantes a EE.UU. y les otorgó permisos temporales para trabajar. Según Reuters, la Casa Blanca de Trump planea eliminar progresivamente estos beneficios en línea con su orden ejecutiva del 20 de enero, que instruye al Departamento de Seguridad Nacional a “terminar todos los programas categóricos de libertad condicional”.
La noticia ha causado pánico entre los beneficiarios. “No sabemos qué hacer”, expresó Liana Avetisian, una refugiada ucraniana que llegó en 2023 y ahora teme que su solicitud de extensión no sea aprobada. Como ella, miles enfrentan un limbo migratorio que podría dejarlos sin permiso de trabajo y bajo la amenaza de una expulsión inminente.
Líderes comunitarios han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que miles de personas queden en un limbo legal o sean sometidas a deportación rápida, mientras intentan informar a los afectados sobre sus derechos y posibles alternativas para permanecer en el país. «Muchos de estos inmigrantes no tienen un hogar al cual regresar», señaló Andrij Dobriansky, portavoz del Congreso Ucraniano de América.
Mientras los ucranianos esperan la decisión final, la pregunta sigue en el aire: ¿serán los cubanos, haitianos y venezolanos los siguientes?
La posible revocación del parole humanitario es parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer la política migratoria. Su orden ejecutiva del 20 de enero dejó en claro su intención de eliminar programas como el CHNV, que benefició a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Por ahora, el golpe más inmediato lo recibirán los ucranianos, pero la pregunta sigue en el aire: ¿quiénes serán los siguientes?
Los cubanos han puesto su fe, más que en Marco Rubio como Secretario de Estado, en los congresistas cubanoamericanos; especialmente en la congresista republicana María Elvira Salazar, quien reiteradamente ha expresado su preocupación respecto a la posible revocación del parole humanitario por parte de la administración Trump.
En una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Salazar solicitó que se proteja de la deportación a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo este programa. Su petición busca garantizar que estos individuos puedan completar sus procesos de asilo sin riesgo de ser deportados.
Salazar enfatizó la importancia de permitir a los cubanos que ingresaron con las 30,000 visas continuar su proceso de asilo y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Asimismo, abogó por que los venezolanos que han solicitado asilo político puedan finalizar sus trámites sin estar sujetos a deportación.
Estas acciones reflejan la preocupación de la congresista por las recientes medidas de la administración Trump, que otorgan mayores facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a migrantes que ingresaron bajo programas como el parole humanitario y CBP One, incluso si sus permisos aún están vigentes.
Además, Salazar ha manifestado su intención de colaborar con la administración para establecer un «parole in place» dirigido a los cubanos con estatus I-220A, buscando ofrecer una solución a quienes se encuentran en un limbo legal y permitirles ajustar su estatus migratorio sin abandonar el país.
Estas iniciativas destacan el compromiso de la congresista en buscar soluciones que protejan a las comunidades migrantes afectadas por los cambios en las políticas migratorias actuales; pero con los ucranianos, que están en guerra, en remojo, ¿qué queda para los otros?
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