El presidente Donald Trump enfrenta obstáculos significativos en su intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Recientemente, una segunda jueza federal, Deborah Boardman, bloqueó su orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus legal temporal. Boardman argumentó que la orden contradecía la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
Este fallo se suma a una suspensión anterior emitida por el juez John Coughenour en Seattle, quien calificó la medida de Trump como «descaradamente inconstitucional». Ambos jueces han enfatizado que la eliminación de la ciudadanía por nacimiento causaría un «daño irreparable» a los afectados, privando a los niños de derechos fundamentales y generando incertidumbre para sus familias, indica AP News
La orden ejecutiva de Trump ha sido objeto de múltiples demandas. Un total de 18 estados demócratas, junto con Washington D.C. y San Francisco, han presentado acciones legales argumentando que el presidente no tiene la autoridad para modificar la Constitución mediante un decreto. Además, organizaciones de derechos civiles y grupos de inmigrantes han expresado su oposición, señalando que la medida es una violación directa de la Decimocuarta Enmienda, reseña por su parte Cadena Ser.
La Decimocuarta Enmienda establece claramente que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos». Este principio ha sido un pilar del sistema legal estadounidense durante más de un siglo, y por ello los intentos de Trump de reinterpretar o modificar este derecho fundamental han sido recibidos con una fuerte resistencia legal y social.
Así que, para lograrlo, se deberá modificar la Constitución, agregarle una enmienda o algo parecido. Algo perfectamente posible pero que no luce tan fácil como parece.
A medida que las batallas legales continúan, es probable que el tema llegue hasta la Corte Suprema. Sin embargo, hasta el momento, los tribunales han mantenido que cualquier cambio en la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional, un proceso complejo que va más allá de la autoridad presidencial.
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