Cerca de 20 estados ponen demanda contra Trump por proyecto para eliminar ciudadanía estadounidense por nacimiento

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Cerca de 20 estados interpusieron una demanda contra Donald Trump por su proyecto de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento mediante la aplicación de una orden ejecutiva.

Esta ley, vigente desde 1926, permite a los nacidos en Estados Unidos tener automáticamente la ciudadanía de ese país, más allá de la condición migratoria de los padres.

Los estados que han llevado esta demanda a los tribunales están regidos por gobiernos demócratas y en el documento que presentaron tildan de «ilegal» esta medida y argumentan que atenta contra la Constitución. En la misiva recuerdan que la Enmienda 14 establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

«En el recurso legal, los estados – incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco- aseguran que el presidente «no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional» y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño «inmediato e irreparable» a los residentes de sus jurisdicciones», dijo la agencia EFE.

El medio indica que el presidente estadounidense firmó este decreto horas después de su toma de posesión y establece que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal»-como una visa de trabajo o turista- no podrán obtener la ciudadanía estadounidense.

«En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país», añade EFE.

El medio explica en palabras del el historiador Scott Bomboy que «para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados»,

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