La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la pasada semana la petición del gobierno de Trump para desestimar una demanda colectiva que busca reactivar la Ley de Ajuste Cubano para quienes portan el formulario I-220A, aunque los abogados advierten que, por ahora, nada cambia en la práctica.
La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la petición del gobierno de Donald Trump para desestimar una demanda colectiva presentada en nombre de 992 demandantes que buscan reactivar, para ellos, la Ley de Ajuste Cubano. La decisión no resuelve el caso a favor de los demandantes, pero sí confirma algo que hasta ahora estaba en disputa: que la Corte tiene jurisdicción para estudiarlo. Según los abogados que llevan el caso, de ese proceso podrían beneficiarse hasta 500,000 cubanos en Estados Unidos.
La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde la presidencia de Lyndon Johnson, permite que un cubano admitido legalmente en el país solicite la residencia permanente tras un año y un día de estadía. El litigio busca que se reconozca que quienes tocaron territorio estadounidense y fueron admitidos, aunque fuera de forma temporal, puedan contar ese tiempo para efectos de su ajuste de estatus.
El formulario que dejó a miles en el limbo
El abogado de inmigración Jaime Barrón explicó que el conflicto nace de cómo el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración de Trump, interpreta el concepto de «ingreso legal». El formulario I-220A, dijo, identifica a personas que fueron admitidas de forma temporal, pero sin otorgarles el estatus de entrada legal que necesitan para acumular el tiempo exigido por la ley y solicitar la residencia. Esa interpretación restrictiva es la que ha dejado a una parte de la comunidad cubana varada entre dos categorías migratorias, mientras otros compatriotas en circunstancias similares sí han logrado regularizarse.
«Por el momento, nada ha cambiado en la práctica», advirtió Barrón, quien insistió en que los cubanos con I-220A siguen sin poder solicitar la residencia hasta que se defina con claridad qué constituye, legalmente, una entrada al país.
Un caso que la comunidad sigue de cerca
Para los abogados que representan a los 992 demandantes, el fallo de Becerra es un paso necesario, aunque no definitivo, en un litigio que podría sentar precedente para futuras decisiones sobre la Ley de Ajuste Cubano. La comunidad cubana en el sur de Florida, que ha visto crecer la incertidumbre migratoria en los últimos años, sigue de cerca cada movimiento del caso, conscientes de que su resultado final —no solo esta primera decisión sobre jurisdicción— es lo que definirá si medio millón de personas pueden finalmente encaminar su residencia.
Mientras el proceso avanza a sus siguientes etapas, el consejo de los propios abogados del caso para quienes portan un I-220A es buscar asesoría legal especializada antes de tomar cualquier decisión sobre su estatus.
[FUENTES] CNN en Español
