Aumentan las estafas con falsos abogados de inmigración: ¿se puede salvar un caso después de caer en el engaño?

Estafas migratorias con falsos abogados: cómo detectarlas y cuándo puede reabrirse un caso

Las estafas contra inmigrantes en Estados Unidos han incorporado métodos cada vez más sofisticados, desde perfiles falsos en redes sociales hasta videos manipulados con inteligencia artificial para hacerse pasar por abogados reconocidos. El daño puede ir mucho más allá del dinero: algunas víctimas descubren demasiado tarde que perdieron una audiencia, recibieron una orden de deportación o que nunca se realizó el trámite migratorio por el que pagaron.

El abogado de inmigración Ángel Leal, con sede en el sur de Florida, conoce directamente uno de los nuevos métodos utilizados por estas redes: delincuentes han suplantado su identidad en internet para contactar a inmigrantes y ofrecerles servicios que el verdadero abogado nunca prometió.

Los estafadores clonan perfiles profesionales y utilizan videos falsos o manipulados con inteligencia artificial que aparentan mostrar al abogado ofreciendo permisos de trabajo, residencias u otras soluciones migratorias.

El contacto suele comenzar en plataformas como Facebook o TikTok y posteriormente se traslada a números de WhatsApp controlados por los delincuentes. A partir de ese momento comienzan las solicitudes de dinero y documentos.

Leal ha advertido públicamente que personas ajenas a su oficina han utilizado su imagen y nombre para pedir pagos a potenciales clientes.

USCIS mantiene desde hace años advertencias sobre otro fraude frecuente entre comunidades hispanas: los denominados “notarios” que ofrecen asesoramiento migratorio.

La confusión surge porque en numerosos países latinoamericanos un notario es un profesional con amplias facultades jurídicas. En Estados Unidos, un notario público no está autorizado por esa condición para proporcionar asesoramiento legal migratorio.

Ante USCIS, una persona puede ser representada por un abogado autorizado o por un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia. USCIS utiliza además el formulario G-28 para registrar formalmente determinadas representaciones ante la agencia.

Las consecuencias de confiar en una persona no autorizada pueden ser graves. Un estafador puede quedarse con el dinero sin presentar ninguna solicitud, introducir información incorrecta, presentar documentos que el inmigrante desconoce o provocar que la persona pierda una cita o una audiencia ante un tribunal. En determinados casos, esa situación puede terminar con una orden de deportación dictada en ausencia.

Pero descubrir el fraude después de recibir una orden de expulsión no significa necesariamente que todas las posibilidades jurídicas hayan terminado.

La legislación migratoria contempla las llamadas mociones de reapertura, mediante las cuales se solicita a un juez de inmigración o a la Junta de Apelaciones de Inmigración que vuelva a examinar determinadas actuaciones. La posibilidad depende de cómo terminó el procedimiento y de las razones que se presenten para solicitar la reapertura.

Según el manual vigente de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una moción de reapertura ordinaria debe presentarse, como regla general, dentro de los 90 días posteriores a la orden final de un juez, aunque existen excepciones.

Las reglas son diferentes cuando existe una orden de deportación dictada in absentia, es decir, porque la persona no compareció a la audiencia. Si se argumentan “circunstancias excepcionales” que impidieron acudir, la solicitud para rescindir esa orden mediante una moción de reapertura debe presentarse generalmente dentro de los 180 días posteriores a la orden.

Una estafa o una actuación deficiente de quien supuestamente representaba al inmigrante puede ser relevante para ese análisis, pero no produce automáticamente la reapertura. Es necesario evaluar los hechos y aportar pruebas.

Existen además supuestos diferentes en los que una orden in absentia puede impugnarse sin el límite de 180 días, entre ellos cuando la persona demuestra que no recibió correctamente la notificación de la audiencia o que se encontraba bajo custodia federal o estatal y no pudo comparecer por una causa ajena a su voluntad.

La EOIR establece asimismo que la presentación de una moción destinada a rescindir determinadas órdenes dictadas in absentia suspende automáticamente la expulsión mientras el juez decide esa moción. Esa protección automática no debe confundirse con otras clases de mociones de reapertura, cuya mera presentación no necesariamente paraliza una deportación. Por ello, el plazo, la clase de orden y el tribunal que tiene jurisdicción sobre el expediente resultan fundamentales.

Las víctimas también deben conservar evidencias del fraude: contratos, recibos, mensajes, correos electrónicos, números telefónicos, comprobantes de transferencias y comunicaciones con la persona que se presentó como abogado o representante.

El Departamento de Justicia cuenta con un Fraud and Abuse Prevention Program dentro de la EOIR para recibir denuncias sobre estafas migratorias, falsos profesionales, “notarios” y otras personas que ejercen sin autorización.

USCIS recomienda comprobar las credenciales de cualquier persona antes de entregarle dinero o documentos y desconfiar de quien garantice una residencia, permiso de trabajo o resultado migratorio concreto.

En el caso de los abogados, su licencia puede verificarse directamente ante el colegio profesional del estado correspondiente. Para representantes acreditados existen registros del Departamento de Justicia.

Las transferencias a cuentas personales, pagos mediante criptomonedas, conversaciones exclusivamente por WhatsApp, presión para pagar inmediatamente y promesas de resultados garantizados son señales que justifican una verificación adicional.

Para quienes ya fueron perjudicados, la recomendación fundamental es buscar rápidamente una evaluación independiente del expediente. Los plazos para intentar corregir las consecuencias del fraude pueden seguir corriendo aunque la víctima todavía esté intentando averiguar qué hizo realmente la persona a la que pagó.