Cinco años después del 11J, Cuba tiene más presos políticos que nunca: 1.306 presos políticos

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El régimen cubano no espera a que la gente salga a protestar. Ahora los encarcela antes. Raperos, youtubers, pastores evangélicos, periodistas independientes, niños de 13 años en La Habana, adolescentes de 15 en Santiago de Cuba. Cinco años después del 11J, Cuba tiene más presos políticos que nunca. Y esa no es una coincidencia.

Prisoners Defenders publicó el 9 de julio su informe de junio, con dos cifras sin precedentes hasta ese momento: 1.306 presos políticos verificados en Cuba al cierre de junio de 2026, y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad. Un mes después, el 12 de agosto, la organización publicó el informe correspondiente a julio, y el récord ya había vuelto a romperse: 1.327 presos políticos verificados al cierre de julio, con 41 menores en la lista (39 niños y 2 niñas) detenidos siendo menores de edad. En julio se incorporaron 36 nuevos casos a la base de datos —15 de ellos completaron su condena y salieron de la lista—, sosteniendo un promedio de 23 nuevas detenciones políticas por mes durante el último año. Desde julio de 2021 hasta el cierre de julio de 2026, la organización ha documentado un total acumulado de 2.148 presos políticos en Cuba.

El caso más joven jamás documentado por Prisoners Defenders llegó ese mismo julio. Alex Javier Hernández González, de apenas 13 años, fue detenido el 22 de julio tras protestas en Santiago de las Vegas. Según el relato de su madre, agentes policiales golpearon al niño y lo recluyeron en «El Combinadito» —un centro de detención para menores— sin orden de arresto ni supervisión judicial. Es, hasta ahora, el preso político más joven que la organización ha podido verificar.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, fue directo al ser consultado por Infobae sobre las cifras de junio: «El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J: 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad.» Un mes más tarde, esos mismos récords ya habían sido superados por el propio régimen.

El régimen ha dejado atrás la represión reactiva —detener a quienes protestan— para pasar a una represión preventiva: identificar y encarcelar a quienes tienen capacidad de influir, organizar o informar antes de que lo hagan. Ya en junio, la Seguridad del Estado detuvo a Eduardo Ceballos Pérez (Eddy Jones) y a Christian Rodríguez Riverón, responsables del canal de YouTube Despingovery Channel, acusados de «espionaje» por publicar videos sobre instalaciones militares abandonadas. El rapero Andrés Matos Alcántara, MC K-LIBRE, fue arrestado el 25 de junio tras protestas contra los apagones en el reparto Barbosa, La Habana; su paradero fue ocultado durante días, lo que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a activar una Acción Urgente. En Contramaestre, Santiago de Cuba, una redada del 22 de junio dejó diez nuevos presos políticos, seis de ellos menores de edad. El pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo fue detenido en Regla el 11 de junio tras protestar por la escasez de agua y los apagones; según su esposa, ha perdido peso notablemente y no recibe atención médica.

El informe de julio añadió un patrón nuevo y particularmente perverso: el destierro forzado convertido en condición para recuperar la libertad. Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y activista que se convirtió en símbolo de las protestas del 11J, cumplió su condena de cinco años el 9 de julio, pero el régimen no lo dejó en libertad en Cuba: lo mantuvo detenido hasta expulsarlo del país el 18 de julio, cuando llegó a Miami bajo libertad condicional otorgada por Estados Unidos. Otero Alcántara ha dicho que aceptó el exilio como la única forma de escapar la persecución y continuar su arte y activismo. El mismo informe documenta al menos otros dos casos: Yosvany Rosell García Caso, notificado de que sería «enviado fuera de Cuba» en contra de la voluntad de su familia, y Roilán Álvarez Rensoler, cuya familia tuvo que comprarle un pasaje a Guyana como condición para su excarcelación.

La crisis médica dentro de las prisiones se mantiene igual de grave: Prisoners Defenders documentó 459 presos políticos con enfermedades graves o crónicas al cierre de julio (458 en junio), y decenas más con trastornos severos de salud mental sin atención. La organización sostiene que «la privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura.» Los casos de Carlos Alberto MacDonald Ennis —excarcelado el 12 de junio con un tumor maxilar sin tratar y 48 kilogramos de peso—, Juan Enrique Pérez Sánchez —quien contrajo tuberculosis en prisión— y Rolando Yusef Pérez Morera siguen siendo los más graves documentados por la organización; los tres contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el régimen ignoró.

La oposición cubana ve en estos números no solo un récord sino una confesión. «El régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social, con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el quinto aniversario del 11J», dijo Larrondo a Martí Noticias antes del aniversario. El 2 de julio, días antes de esa fecha, la Seguridad del Estado desplegó cercos domiciliarios y traslados forzosos para impedir que activistas asistieran a una recepción en la Embajada de Estados Unidos en La Habana por el 250 aniversario de la independencia estadounidense; los activistas José Elías González Agüero y Alexander Díaz Rodríguez denunciaron haber sido trasladados a una zona aislada, obligados a desnudarse y sometidos a simulacros de ejecución.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó al menos 1.949 acciones represivas en el primer semestre de 2026: «A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente», declaró el organismo. Cuba sigue siendo el primer país del mundo por desapariciones forzadas ejecutadas por el propio gobierno, con 193 de las 194 Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas promovidas por Prisoners Defenders.

Cinco años después del 11J, el régimen no ha aprendido a gobernar. Ha aprendido a encarcelar antes de que la gente salga a las calles — y, ahora, a desterrar a quienes ya encarceló.

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