El drama de la vivienda en la isla continúa empujando a las familias más vulnerables al límite de la supervivencia, desatando fuertes olas de indignación en el entorno digital. Este jueves, las redes sociales se convirtieron en el altavoz de una grave denuncia comunitaria compartida por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia.
El reporte expone la crítica encrucijada de una joven cubana, madre de dos menores de edad, quien encara un proceso de expulsión forzosa en el asentamiento de La Boca, ubicado en el municipio de Mariel, dentro de la provincia de Artemisa. Ante la falta absoluta de un hogar donde proteger a sus pequeños, la mujer optó por ocupar una antigua instalación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) que llevaba años sumida en el abandono total. De acuerdo con el testimonio de los residentes de la zona, el inmueble estatal se encontraba en un estado de deterioro tan avanzado que la propia comunidad solía utilizarlo de forma improvisada como un baño público.
A pesar del evidente desuso de la estructura y de la precaria situación de la familia, las autoridades administrativas del municipio se han plantado firmes en su postura de desahuciarla. Lo más alarmante del caso, según detalla la denuncia pública, es que los funcionarios locales pretenden ejecutar el lanzamiento de la madre y sus hijos sin ofrecerles la más mínima alternativa habitacional o un refugio digno donde reubicarse.
La propia afectada decidió romper el silencio y grabó un testimonio en video donde relata los términos intimidatorios empleados por un funcionario local al que identificó bajo el cargo de «el intendente». En el material audiovisual, la madre expone la lógica fría con la que actúan los representantes del aparato estatal, quienes escudan sus acciones tras las etiquetas de la propiedad del gobierno. Con evidente angustia, la joven reprodujo las palabras del dirigente, quien se justificó «diciendo que ellos tenían toda la potestad de parar los carros del MININT ahí y de sacarme, que no se llama desalojo, como esto es una institución de gobierno, eso no se llama desalojo, simplemente me sacan porque no es mío y lo pueden hacer según ellos».
Más allá de los debates conceptuales para evitar la palabra desalojo frente a la opinión pública, el conflicto ha adquirido un matiz sumamente oscuro que ha encendido las alarmas de los defensores de los derechos humanos. Según los datos aportados en la denuncia, los funcionarios municipales han recurrido a tácticas de presión extrema, llegando a amenazar a la joven con retirarle la patria potestad y la custodia de sus dos pequeños hijos si persiste en su negativa de abandonar las ruinas estatales. Este mecanismo de chantaje emocional ha provocado un rechazo generalizado entre los internautas, quienes catalogan la maniobra como una flagrante violación a la integridad familiar.
Frente a la severidad de este operativo, Salcedo Verdecia no tardó en calificar la conducta oficial como un acto completamente intolerable dentro de la realidad de la isla. La activista denunció con firmeza la desconexión estatal argumentando que «Es inaceptable que un inmueble permanezca abandonado durante años y que, cuando una persona en situación de vulnerabilidad busca un techo para sobrevivir, la respuesta sea un desalojo sin que, presuntamente, se conozca una alternativa digna».
Este lamentable suceso de Artemisa no es un hecho aislado, sino la viva estampa de un descalabro inmobiliario que golpea a toda la geografía nacional. Informes emitidos por el propio Ministerio de la Construcción revelan que el déficit de inmuebles residenciales en el país ya supera la alarmante barrera de las 800,000 casas, sumado a que el 35 % de los hogares existentes se encuentra en condiciones catalogadas como regulares o francamente malas. La parálisis del sector es tan profunda que a lo largo de todo el año 2025 solo se edificaron 5,454 nuevas viviendas en el territorio nacional, una cifra microscópica que empuja inevitablemente a cientos de núcleos familiares a tomarse por mano propia locales del Estado en desuso.
Lejos de buscar soluciones constructivas o de asistencia social, las autoridades del régimen han endurecido su postura optando por una política de expulsión exprés en todo el territorio. Esta respuesta punitiva encuentra su principal respaldo en el ordenamiento jurídico penal implementado desde diciembre de 2022, un código diseñado para dotar a las fuerzas del orden de la capacidad de actuar con inmediatez, saltándose cualquier tipo de trámite o proceso en los tribunales.
Si bien este tipo de incidentes contra madres con niños pequeños se ha venido registrando de forma sistemática en múltiples municipios cubanos desde el año 2020, el hecho de instrumentalizar el bienestar y la custodia de los menores como herramienta de coerción añade un nivel de crudeza sin precedentes. Al concluir su denuncia, Salcedo Verdecia lanzó una exhortación abierta a los dirigentes del municipio para que «actúen con humanidad y transparencia», al tiempo que instó a los vecinos de La Boca y a la comunidad en general a proveer cualquier información adicional que impida que este caso termine en otra dolorosa injusticia bajo el silencio oficial.
