John J. McConnell Jr., el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Rhode Island, insistió este jueves en que las políticas que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) utilizó para congelar ciertos beneficios migratorios son ilegales y no pueden seguir aplicándose.
El juez federal reprendió a la administración de Donald Trump por no cumplir de inmediato la decisión que tomó la semana pasada, cuando ordenó al gobierno levantar una pausa general en las decisiones de asilo y reiniciar el procesamiento de inmigración que había sido suspendido indefinidamente para docenas de países.
“Casi no hace falta decirlo, pero la Corte lo dirá de todos modos … las órdenes judiciales que anulan y anulen las políticas de la agencia tienen un efecto inmediato una vez que se emitan”, escribió McConnell.
El juez le dio a la administración 24 horas para explicar qué medidas ha tomado para cumplir la orden. “No hay excusa esta vez”, afirmó sobre una orden que tiene efecto inmediato, por lo que el gobierno tiene un día para demostrar al tribunal que está cumpliendo.
McConnell se mostró exasperado al remarcar que “las políticas de la administración ya no están en vigor”. En tal sentido, el magistrado dejó claro que las mismas quedan anuladas, canceladas y revocadas, sin efecto alguno.
El caso involucra a una coalición de sindicatos y grupos de derechos de los inmigrantes que desafiaron la decisión de la administración en diciembre de emitir una pausa radical en los beneficios de inmigración para los nacionales de 39 países bajo la prohibición de viajar del presidente Trump, así como una congelación de todas las solicitudes de asilo.
El pasado 5 de junio McConnell dictó que la política era ilegal y arbitraria porque había “puesto la vida de innumerables personas en espera, únicamente en virtud de sus países de nacimiento. Más de seis meses después, muchas de esas personas permanecen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna capacidad significativa para planificar su futuro”.
