El sistema de cámaras en zonas escolares fue implementado para reducir la velocidad en áreas con estudiantes, pero este episodio de un hombre multado en un lugar por el que nunca pasó, dejó en evidencia fallos en la validación de las infracciones y en la gestión de los datos.
Un conductor del condado de Miami-Dade County recibió una multa por exceso de velocidad en una zona escolar por la que asegura no haber pasado, en un caso que terminó exponiendo fallos en el sistema de cámaras y obligó a las autoridades a anular sanciones.
La denuncia fue revelada por el canal WSVN-TV, que documentó la experiencia de Eric Pérez, quien recibió una notificación con una imagen de su vehículo supuestamente circulando frente a Pine Crest Preparatory Academy Middle High School. Pérez afirmó que no transita por esa escuela, aunque sí lo hace a diario por Pine Crest Preparatory Academy Elementary School, ubicada a poca distancia de la primera.
El conductor, que trabaja probando software y por tanto conoce bien de lo que habla, cuestionó desde el inicio la precisión del sistema y planteó la posibilidad de un error en los datos, e hizo la denuncia. En un inicio, la oficina del sheriff defendió la fiabilidad de las cámaras, asegurando que están fijas, identificadas y que resulta “virtualmente imposible” que registren una infracción en una ubicación incorrecta.
Sin embargo, semanas después, el propio registro de la multa cambió. La dirección pasó de la escuela secundaria a la primaria, lo que confirmó que la ubicación original era incorrecta; pero… el problema se agravó al revisar la hora de la infracción: el ticket fue emitido a las 7:42 a.m., mientras que el horario de control en esa zona comienza a las 8:02 a.m., lo que deja la sanción fuera del periodo en que aplican las restricciones.
Ante las nuevas evidencias, las autoridades volvieron a consultar con la empresa encargada del sistema, RedSpeed. Aunque la compañía no ofreció declaraciones públicas, la oficina del sheriff confirmó que se produjo un error durante una actualización del programa: las ubicaciones de ambas escuelas fueron intercambiadas.
Ante todo este berecumbén con las camaritas de tráfico típico en Miami, el condado decidió anular todas las multas emitidas durante el periodo afectado y devolver el dinero a quienes ya habían pagado. Por si fuera poco, reconoció que el caso de Pérez no era aislado y que otros conductores también habían reportado inconsistencias similares en las notificaciones recibidas.
Las dudas sobre estos sistemas de las camaritas para regular el tráfico en Miami no son nuevas. Antecedentes recientes documentados sobre fallos en programas similares, en particular los vinculados a cámaras instaladas en autobuses escolares para multar a conductores que no se detienen cuando se despliega la señal de “stop” fueron dados a conocer en marzo de 2025, cuando varios conductores aseguraron ante las oficinas competentes del condado, haber sido sancionados sin haber cometido infracción.
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Uno de los problemas más señalados era la emisión de multas a vehículos que circulaban en sentido contrario en vías separadas por una mediana, una maniobra que, bajo la ley de Florida, no obliga a detenerse ante un autobús escolar que esté detenido en la otra vía con la señal de ALTO desplegada. Aun así, las cámaras generaban automáticamente la infracción.
Los reportes también mencionaban inconsistencias en la identificación de los hechos: notificaciones con información incompleta, imágenes poco concluyentes y dificultades para impugnar las sanciones dentro de los plazos establecidos. En algunos casos, los conductores alegaban que el autobús no era visible con suficiente antelación o que la señal de alto no estaba desplegada en el momento en que fueron captados.
El volumen de multas fue otro punto de fricción. Las publicaciones señalaban cientos de sanciones diarias, lo que generó un volumen de revisiones que superó la capacidad de validación previa. Esa acumulación derivó en cuestionamientos sobre si todas las infracciones estaban siendo verificadas antes de ser emitidas. El programa, además, generó millones de dólares en pocos meses, lo que añadió presión pública sobre su funcionamiento.
Tras la acumulación de denuncias y la revisión de varios casos, las autoridades locales se vieron obligadas a suspender temporalmente parte de las sanciones mientras se evaluaban posibles errores en el sistema. La coincidencia entre esos antecedentes y el caso actual —errores en la ubicación, cambios posteriores en los registros y multas emitidas fuera de las condiciones legales— vuelve a poner el foco en la fiabilidad de los sistemas automatizados y en los mecanismos de control antes de que una sanción llegue al conductor.
