El programa de cámaras en autobuses escolares en Miami-Dade está generando críticas y controversia entre los conductores de la ciudad, quienes aseguran estar recibiendo multas injustas. El sistema, administrado por la empresa BusPatrol en asociación con el distrito escolar y la oficina del alguacil de Miami-Dade, ha recaudado millones de dólares, pero también ha expuesto fallos en su implementación.
El caso de Robert Strongarone, un conductor que recibió una multa de $225 a pesar de haber conducido de manera legal en el carril opuesto a un bus escolar con una mediana elevada en medio, es solo un ejemplo de las fallas del programa. Según una investigación de The Miami Herald y The Tributary, cientos de conductores han recibido sanciones erróneas sin posibilidad real de apelación.
El superintendente del distrito, Jose Dotres, reconoció las críticas y ordenó al jefe de la policía escolar, Iván Silva, trabajar con la oficina del alguacil para mejorar el proceso de revisión de multas. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre cómo se corregirán estos problemas.
— Sheriff Rosie Cordero-Stutz (@Sheriff_Rosie) March 1, 2025
El contrato con BusPatrol, que para colmo de males fue firmado apresuradamente sin licitación pública – that´s Miami, folks – ha generado más de $19.5 millones, de los cuales el distrito se queda con el 30% y la empresa con el 70%. La falta de transparencia en el uso de estos fondos también ha sido objeto de escrutinio, con algunos miembros de la junta escolar, como Steve Gallon y Roberto Alonso, exigiendo explicaciones.
Además de las quejas de los conductores, la falta de eficiencia en el sistema judicial ha complicado aún más la situación. Más de 1,000 personas han intentado impugnar sus multas en los tribunales, pero hasta ahora, ninguna ha podido presentar su caso ante un juez. Según la oficina del alguacil, la demora se debe a problemas con el sistema de archivos electrónicos de las cortes de Florida.
Por su parte, la presidenta de la junta escolar, Mari Tere Rojas, defendió el proceso de contratación y aseguró que el distrito no tiene control sobre la emisión de multas o el proceso de apelación. Sin embargo, la falta de respuestas concretas ha aumentado la frustración entre los afectados.
El programa fue presentado como una herramienta para mejorar la seguridad vial y generar ingresos para la educación, pero las crecientes quejas indican que necesita ser revisado. Mientras tanto, miles de conductores en Miami-Dade continúan lidiando con sanciones que podrían no ser legítimas y con un sistema que, por ahora, parece no estar del lado de la justicia
Cuballama Noticias conoce de un caso. Un autobús escolar se detuvo a menos de dos metros de una esquina de un semáforo que justo en ese momento iba a cambiar de luz, y un conductor que venía detrás de un camión no podía ver el bus. Los autobuses escolares no deben detenerse a menos de una distancia segura de una intersección con semáforo para dejar o recoger estudiantes, y el camión, muy alto, que impedía la visibilidad del que venía detrás, hizo a última hora una maniobra brusca, esquivando al bus, dejando al chofer del otro auto en pánico y con la opción de seguirlo o impactarse contra el bus escolar. El chofer optó por lo segundo y terminó multado. En estos momentos se encuentra en proceso de reclamación de la multa.
El programa de cámaras en autobuses escolares en Miami-Dade ha generado críticas y controversias similares a las experimentadas con las cámaras en semáforos, conocidas como «camaritas de luz roja». Estos dispositivos, implementados para mejorar la seguridad vial, fueron eliminados en Miami en 2017 debido a preocupaciones sobre su eficacia y el impacto financiero en los residentes.
Ese año, choferes hastiados de la dichosa camarita, presionaron a los comisionados de Miami, para que estos votaran unánimemente para eliminar el programa de cámaras en semáforos. El alcalde Francis Suárez argumentó que las multas de $158 por infracción afectaban desproporcionadamente a los residentes más vulnerables y que estudios estatales indicaban un aumento, en lugar de una disminución, de accidentes en las intersecciones monitoreadas, como indicó en su momento El Nuevo Herald. El vox populis, que no siempre miente, asegura que Francis fue víctima también de las camaritas de los semáforos en más de una ocasión.
Sea cierto o falso esto último, lo que quedó claro en su momento, es que se cuestionó la verdadera intención del programa, sugiriendo que se trataba más de una estrategia de recaudación de fondos que de una medida de seguridad. El representante estatal Frank Artiles calificó el programa como un «impuesto disfrazado», señalando que las ciudades y condados utilizaban las cámaras para financiar sus presupuestos sin evidencia clara de una mejora en la seguridad vial, señaló por su parte Diario de las Américas.
La experiencia con las cámaras en semáforos ofrece lecciones valiosas para el programa actual de cámaras en autobuses escolares. Ambos sistemas comparten críticas relacionadas con la equidad de las multas, la eficacia en la mejora de la seguridad y la percepción de ser herramientas de recaudación más que de protección pública. Mientras tanto, miles de conductores en Miami-Dade continúan enfrentando sanciones que podrían no ser legítimas, lidiando con un sistema que, por ahora, parece no estar del lado de la justicia.
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