La idea de que Cuba podría convertirse en “el Hong Kong de las Américas” volvió a circular esta semana a partir de un artículo de opinión publicado el 7 de abril en Washington Examiner por Cesar Conda y Sevastian Horton. Ambos autores sostienen que, si la isla se libera políticamente y adopta reformas de mercado profundas, tendría condiciones geográficas y humanas para convertirse en un gran centro regional de comercio, inversión y servicios.
El planteamiento no surge de la nada. Cuba está a apenas 90 millas de Florida, cuenta con puertos naturales de alto valor estratégico y una población que, en términos formales, exhibe elevados niveles de alfabetización. Datos del Banco Mundial sitúan la alfabetización adulta cerca de la universalidad y reflejan también una de las mayores tasas de médicos por habitante a nivel global.
Ahora bien, esos indicadores requieren matices. Saber leer y escribir no equivale necesariamente a tener acceso a información diversa ni a desarrollar plenamente capacidades críticas en un entorno marcado por décadas de control informativo. Algo similar ocurre con el sistema de salud: junto a profesionales altamente capacitados, también existen cuestionamientos sobre la formación y condiciones de ejercicio de parte del personal médico, lo que introduce diferencias notables en la calidad real de ese capital humano.
A pesar de esto, esa combinación de ubicación y capital humano es la base sobre la que Conda y Horton construyen su argumento.
Pero la primera pregunta es obvia: ¿basta con la geografía para parecerse a Hong Kong? La respuesta corta es no. Hong Kong no se convirtió en potencia solo por estar bien ubicado, sino por ofrecer reglas relativamente claras para invertir, protección a la propiedad, cumplimiento de contratos y un entorno de baja fricción para hacer negocios. Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre el clima de inversión en Hong Kong resumía precisamente esos elementos: Estado de derecho aplicado con consistencia, protección a la inversión y ausencia de discriminación legal entre inversionistas. Sin ese marco, la cercanía de Cuba al mercado estadounidense por sí sola no produce un milagro económico.
Ahí está el segundo punto clave: en Cuba no haría falta solo abrir tiendas o atraer turistas. Haría falta rehacer la arquitectura económica. Economistas que han estudiado la transición cubana llevan años insistiendo en que no alcanza con pequeños permisos al sector privado si el Estado mantiene el control de los principales resortes productivos, del crédito, del comercio exterior y de la seguridad jurídica. Carmelo Mesa-Lago ha descrito el modelo cubano actual como uno en el que predominan las grandes empresas estatales y unas reformas de mercado demasiado limitadas para generar desarrollo sostenible. Richard Feinberg, desde Brookings, ya advertía además que un despegue serio necesitaría ampliar el espacio para emprendedores locales y abrir de forma ordenada la puerta al capital de la diáspora.
A pesar de todo esto, se tendría que reconocer el momento concreto que se vive en la isla. Cuba llega a cualquier debate sobre futura prosperidad con una economía debilitada, caída de productividad y una población menguante. El Banco Mundial estima la población cubana en 10,979,783 habitantes en 2024, por debajo de los más de 11.17 millones de 2020, mientras la CEPAL proyectó en diciembre de 2025 un crecimiento regional de 2.3% para 2026, en un contexto donde Cuba ha venido rezagada y con años recientes de contracción. Eso significa que el país tendría que intentar una transformación grande en medio de apagones, deterioro de infraestructura, crisis demográfica y fuga de mano de obra.
Otra pregunta importante es si existe una base productiva desde la que arrancar. La respuesta es que sí, pero muy golpeada. Cuba conserva capacidades en biotecnología y farmacéutica: Science destacó hace pocos días que las 51 entidades agrupadas en BioCubaFarma siguen produciendo medicamentos, vacunas y reactivos, y Nature ha señalado desde hace años que el sector biotecnológico cubano posee una base de investigación y desarrollo poco común en la región. Ese sería uno de los pocos puntos de partida reales para una economía más sofisticada que la simple dependencia del turismo.
Sin embargo, existe un problema que es capaz de dar al traste con todo lo anteriormente explicado y es este: el problema político. Sin ese cambio, nada de lo anterior podría darse.
El texto de Washington Examiner mezcla aspiración económica con estrategia de Washington. Los autores recuerdan que la ley Helms-Burton condiciona la normalización plena a cambios políticos verificables, entre ellos la liberación de presos políticos, la legalización de la actividad política independiente y la convocatoria de elecciones libres. Si bien se ha reportado sobre contactos y conversaciones en marcha entre Washington y La Habana en medio de la presión energética de la actual administración Trump, también se ha señalado que persisten dudas sobre hasta dónde llegarían esas negociaciones y si incluyen reformas reales.
La comparación con Hong Kong suena bien sobre el papel, pero en la práctica tropieza con lo que hoy es Cuba. Hay ubicación, hay gente formada y hay una diáspora con dinero y experiencia. Lo que no está es el entorno que permite que todo eso funcione a la vez. Sin reglas claras, sin garantías para invertir y sin cambios reales en cómo opera el país por dentro, ese potencial se queda en potencia.
El salto no depende de una medida puntual ni de un gesto político aislado. Implica rehacer estructuras completas: cómo se protege la propiedad, cómo se abren los mercados, cómo se toman decisiones y quién puede participar en ellas. Mientras eso no ocurra, la idea de una Cuba convertida en un gran centro económico seguirá siendo más una aspiración repetida desde fuera que un escenario en marcha.
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