Un motín en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, ha dejado al menos seis presos muertos, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos que citan a esas mismas fuentes, en un contexto marcado por la ausencia de información oficial detallada y por versiones contradictorias que circulan entre familiares, activistas y medios. El episodio se reportó a partir del 18 y 19 de febrero de 2026, y las referencias más consistentes apuntan a una revuelta seguida de una respuesta represiva dentro del penal.
Swissinfo, en un despacho basado en información transmitida a EFE, señaló que Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) confirmaron el estallido del motín en Canaleta. Los organismos, sin embargo, declararon además la imposibilidad de verificar con canales estatales un número definitivo de víctimas o el estado real de la situación dentro del recinto, precisamente porque el sistema penitenciario cubano no ofrece partes públicos con detalle y porque el acceso independiente es prácticamente inexistente.
En paralelo, la Cadena SER recogió que la cifra de muertos que circulaba “no es fiable” en las primeras horas, por tratarse de un evento en curso sin confirmación oficial, aunque reconoció el peso de la denuncia pública realizada por Prisoners Defenders. Al no haber información verificable desde el Estado, la conversación pública se basa en filtraciones, audios, mensajes de familiares y reportes de organizaciones, cada uno con un nivel de detalle distinto.
A esa falta de claridad se sumaron reportes posteriores que elevan el nivel de alarma. Diario de Cuba publicó que tenía confirmación de “seis muertes” y citó el testimonio de una madre de un recluso, quien incluso mencionó que conocía de más fallecidos y aportó nombres o apodos, situando el detonante de la protesta en la muerte de un preso joven tras una golpiza o en circunstancias asociadas a maltratos.
También elTOQUE denunció la revuelta, la represión posterior y el cierre informativo que bloquea la verificación externa.
En publicaciones públicas vinculadas a activistas y organizaciones como Cubalex, citada por elTOQUE, se habla de operativos internos duros y de castigos colectivos. Las declaraciones dan cuenta de que la gravedad del asunto no radica solo en el número de fallecidos, sino en la opacidad que impide establecer responsabilidades y que deja a las familias en un limbo: no saben con certeza si sus parientes están heridos, aislados o muertos, ni bajo qué condiciones se reestableció el control del penal.
Canaleta es, además, una prisión de alta seguridad, lo que en el contexto cubano suele implicar regímenes más restrictivos, menos comunicaciones y mayor vulnerabilidad a castigos internos sin supervisión externa. Es decir: abusos de derechos humanos.
