El gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque militar contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico que habría zarpado desde Venezuela con destino a territorio norteamericano. El presidente Donald Trump anunció que tres personas murieron en la operación, ocurrida en aguas internacionales del mar Caribe, y defendió la acción como parte de una escalada para frenar la entrada de cocaína y fentanilo en su país.
El mandatario informó del ataque a través de su red Truth Social, donde aseguró que se trataba de “narcoterroristas confirmados” que transportaban drogas ilegales, definidas por él como “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”.
Trump insistió en que estos grupos criminales representan “una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”.
Según relató después desde la Casa Blanca, había visto imágenes del bombardeo grabadas por el Pentágono, y afirmó que la evidencia era irrefutable: “Todo lo que hay que hacer es mirar el cargamento que quedó regado en el océano —grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.
Este sería el segundo ataque en menos de dos semanas contra embarcaciones señaladas por Washington de ser parte de redes de narcotráfico con origen en Venezuela.
El primero, ocurrido a inicios de septiembre, dejó once muertos y fue presentado como un golpe contra el grupo Tren de Aragua, catalogado por Estados Unidos como organización terrorista. Aunque Trump no precisó si el nuevo blanco estaba ligado a esa misma estructura, dejó entrever que más operaciones de este tipo podrían producirse tanto en el mar como en tierra.
“Estamos viendo menos botes en el Caribe desde que hicimos el primer ataque, pero los carteles siguen entrando por tierra. Y les decimos desde ya que vamos a detenerlos también por esa vía”, advirtió.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó el mensaje en la red X con un tono beligerante: “Los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo el hemisferio, en los momentos y lugares que elijamos”. La Casa Blanca incluso divulgó un breve video del operativo, en lo que analistas interpretan como un gesto de firmeza hacia sus bases políticas y un recordatorio del poder militar estadounidense.
Sin embargo, las operaciones han despertado dudas y críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Varios senadores, tanto demócratas como republicanos, han puesto en entredicho la legalidad de los ataques, al considerar que el presidente estaría usando a las fuerzas armadas para tareas de orden interno sin una autorización expresa del Congreso. El demócrata Adam Schiff anunció que prepara una resolución de poderes de guerra para frenar a Trump: “No quiero que terminemos en un conflicto con Venezuela porque el presidente está hundiendo barcos sin más. Estas acciones extrajudiciales nos ponen en riesgo”, sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos han sido aún más duras. Amnistía Internacional calificó las muertes como “ejecuciones extrajudiciales” y advirtió que no existe justificación legal para estas maniobras. “Esto puede constituir asesinato”, denunció Daphne Eviatar, directora del programa Seguridad con Derechos Humanos de la ONG.
La reacción desde Caracas no se hizo esperar. El presidente Nicolás Maduro acusó a Washington de utilizar los señalamientos de narcotráfico como pretexto para una operación de intimidación con fines de “cambio de régimen”. Durante una rueda de prensa, criticó a la Casa Blanca por un presunto incidente del fin de semana en el que marines estadounidenses habrían abordado un barco atunero venezolano en el Caribe. Según Maduro, dieciocho militares irrumpieron en la nave y retuvieron durante horas a sus tripulantes: “¿Qué buscaban? ¿Un kilo de pargo? Estaban intentando provocar un incidente militar”.
El mandatario denunció además que las comunicaciones diplomáticas con Estados Unidos “están rotas” y acusó al gobierno de Trump de chantajes y amenazas. También atacó a líderes regionales, entre ellos la primera ministra de Trinidad y Tobago y la gobernadora de Puerto Rico, a quienes señaló de servir de plataforma para los planes militares de Washington. Maduro aseguró que pedirá a la CELAC, a través del presidente colombiano Gustavo Petro, una sesión especial para abordar lo que definió como “crisis en el Caribe”.
El canciller venezolano, Yván Gil, ofreció detalles adicionales y acusó a un destructor estadounidense —el USS Jason Dunham— de haber abordado de manera “ilegal y hostil” la embarcación atunera con nueve pescadores a bordo, todos en aguas que Caracas considera parte de su zona económica exclusiva. Afirmó que la operación buscaba justificar “una escalada bélica” y recordó que la Armada venezolana monitoreó el episodio hasta la liberación de los tripulantes. “Son humildes pescadores que estaban en faena autorizada”, subrayó.
Mientras Caracas eleva el tono, en Florida algunos legisladores republicanos celebraron la ofensiva militar. El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que la acción prueba que Trump “se toma en serio la tarea de detener el tráfico ilegal hacia Estados Unidos”.
Su colega Carlos Giménez fue más lejos y llamó “narco-dictador” a Maduro, advirtiendo que el presidente estadounidense “es de acción, no de palabras”.
Washington sostiene que Maduro lidera el llamado Cartel de los Soles, señalado de operar como red de narcotráfico y terrorismo en la región. La administración Trump mantiene un despliegue de ocho buques de guerra y un submarino frente a las costas venezolanas, además del envío de cazas F-35 a Puerto Rico. La recompensa por información que conduzca a la captura del líder chavista asciende a 50 millones de dólares.
En medio de esta espiral, las aguas del Caribe se han convertido en escenario de confrontación militar y de un pulso político que trasciende el tema del narcotráfico. Para Washington, los ataques refuerzan la narrativa de una “guerra contra los carteles”; para Caracas, son actos de agresión encaminados a debilitar al gobierno de Maduro. Entre tanto, la tensión crece y el fantasma de una escalada mayor se cierne sobre la región.
