El gobierno cubano anunció esta semana la reforma del Decreto-Ley 22 de 2020 para imponer el pago de aranceles en dólares estadounidenses (USD) u otras divisas a las importaciones no comerciales de ciertos artículos, lo que generaría costos adicionales para los viajeros, especialmente para los provenientes de Estados Unidos.
Según lo dispuesto en el Decreto-Ley 101, cambios sustanciales entraron en vigor el pasado 1 de enero para actualizar las disposiciones del decreto-ley que regulaba las importaciones realizadas por personas naturales o jurídicas para consumo personal o uso específico.
El artículo modificado establece que el arancel “aplicable a los productos importados por las personas naturales o jurídicas radicadas en el territorio nacional, se abona en pesos cubanos, calculado sobre el valor de importación en dólares estadounidenses”.
Sin embargo, la nueva norma dicta que, “en los casos que se determine”, el pago correspondiente deberá realizarse “en dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas convertibles”.
Además, se introdujo la posibilidad de aplicar tarifas específicas por la cantidad de productos importados, en lugar de calcular solo un porcentaje sobre el valor de los mismos.
Al mismo tiempo, el cálculo de los aranceles seguirá basado en un porcentaje del valor de los productos, pero también podrá incluir tarifas fijas para ciertos artículos.
De acuerdo con lo dispuesto, el Ministerio de Finanzas y Precios contará con la facultad de ajustar las escalas tarifarias y decidir en qué moneda se deberá abonar el adeudo, “en función de los intereses económicos del país”.
Por otro lado, el Decreto-Ley 101 autoriza de manera excepcional que las entidades estatales cubanas puedan realizar actividades no comerciales, siempre que beneficien a la economía nacional.
Sin dudas, se trata de otra medida urgente que busca optimizar la recaudación aduanera y la gestión de las divisas por parte de un gobierno desesperado por captar moneda dura.
Hace pocas semanas las autoridades de la isla aprobaron un documento que regulaba la “dolarización parcial de la economía”, con lo que evidenció la creciente influencia del USD en un país en cuyo mercado negro se cotiza por encima de los 300 pesos.
